En su edición del día lunes 21 de abril el diario Noticias de la Costa, criticó con un titular de tapa que la legisladora provincial Susana Diéguez haya reflotado un proyecto que impulsamos desde la CTA Río Negro para reparar una histórica injusticia que se cometió contra trabajadoras/es de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Río Negro, perseguidos y escarmentados por intentar impedir la desaparición de nuestro banco provincial.
Destacamos que este diario es propiedad de Horacio Massaccessi, ex gobernador de Río Negro entre 1987 y 1995, cuando la provincia explotó en una crisis social y económica sin precedentes que se llevó puesto entre otros bienes comunes del pueblo rionegrino, el Banco de la Provincia de Río Negro,
Dicha publicación mereció la réplica de las compañeras Gladys Elvira y María Isabel Carreras que en el día de hoy el diario de Massaccessi publica en forma recortada en su edición digital, aunque no en la impresa.
Y qué es justamente lo que este medio recorta? Acertaron: Todas las menciones a la responsabilidad de Massaccessi en la destrucción del Banco Provincia de Río Negro que las compañeras en su nota mencionan. Desplegamos a continuación la Nota de Gladys Elvira y María Isabel Carreras completa y luego, más abajo la nota publicada por el diario Noticias de la Costa. "Con la verdad no ofendo ni temo", decía Artígas. Seguro que molestamos bastante, pero no vamos a permitir que nos borren la historia que llevamos marcada en la piel de tantas/os compañeras/os que padecimos y luchamos desde nuestras propias organizaciones contra quienes destruyeron gran parte de lo que nuestros mayores construyeron.
NOTA ACLARATORIA SOBRE DICHOS VERTIDOS POR EL DIARIO NOTICIAS DE LA COSTA
En las circunstancias político-institucionales azarosas que atraviesa nuestra provincia,
descubrimos con asombro que el Diario Noticias de la Costa pretende jugar un
rol protagónico en la disputa interna del Frente para la Victoria por la
designación del Vicegobernador.
Amerita lo afirmado, uno de los
títulos de tapa del diario de este lunes: “Quieren que el Estado pague
millonarios honorarios de abogados”, aludiendo al proyecto de Ley presentado
por legisladores del Bloque del Frente para la Victoria en diciembre de 2012, a
iniciativa de la CTA de Río Negro y los integrantes de la Comisión Gremial
Interna Zona Atlántica del BPRN.
En principio, es necesario aclarar que el mencionado proyecto pasó a
archivo respondiendo a los tiempos parlamentarios, de ninguna manera a su
improcedencia, dado que tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y estaba en debate en la de Presupuesto, por lo cual no estaba
olvidado.
Es la Legisladora Susana Diéguez, de larga militancia gremial y política,
quién sostiene el compromiso asumido en agosto de 2012 de llevar adelante vías
de acción tendientes a hacer cesar la injusticia y persecución de que somos
objeto los representantes gremiales de los trabajadores del BPRN. En este
sentido dicho proyecto de Ley tiene
como objeto una acción reparadora, ya
que fue el Estado a través de uno de sus poderes, el Poder Judicial, el que
nos produjo -en tanto representantes de
los trabajadores y denunciantes del vaciamiento del Banco- un daño a perpetuidad.
Vale entonces hacer memoria de una historia que comienza en el
año 1989 cuando desde la Comisión Gremial Interna comenzamos a denunciar las
prácticas inescrupulosas y corruptas de los responsables de la conducción del
Banco. Estas prácticas, con el tiempo llevarían a su vaciamiento - durante la
gobernación de Horacio Massaccesi- y la posterior entrega al capital privado
durante el gobierno de Verani.
A lo largo del proceso privatizador
de 1991 a 1995 mientras el capital
privado fue ganando en prerrogativas, los trabajadores pese a las diferentes
acciones de resistencia y lucha vimos avasallados nuestros derechos laborales:
reducción de puestos de trabajo, pérdida de estabilidad laboral y del derecho a
la carrera bancaria, desconocimiento del convenio colectivo. Es interesante
recordar, que en este contexto el
entonces gobernador Massaccesi, vetó los artículos de la Ley que garantizaban
la estabilidad laboral para los empleados del BPRN, teniendo esta acción como corolario la pérdida de más de 800
puestos de trabajo.
En febrero de 1996, quienes
integrábamos la Comisión Gremial Interna, elegidos por nuestros compañeros y
reconocidos por la Asociación Bancaria,
decididos a no ceder nuestra
responsabilidad como representantes del personal, nos negamos a firmar la desvinculación exigida
por los adquirentes y, en consecuencia, fuimos
despedidos por el gobierno provincial e indemnizados sin reconocimiento
de nuestro carácter de representantes gremiales.
Así las cosas, iniciamos juicio
por el reconocimiento de nuestros derechos. En junio de 1999 la Cámara del
Trabajo dio curso parcial a nuestra demanda y
si bien nos impuso costas por la parte perdida, nos eximió de efectivizarlas.
El 28 de noviembre de 2000 los
jueces del Superior Tribunal de Justicia Balladini y Lutz, ratificaron el fallo de la Cámara, pero objetaron lo
resuelto respecto a la eximición de responder por las costas a los
trabajadores. Esta fue una actuación
inédita, puesto que hasta entonces por
principio, el Superior Tribunal de Justicia no dirimía en cuestiones de
imposición de costas. Lo que demuestra que fue un fallo arbitrario y político, que venía
a cerrar un proceso de disciplinamiento y escarmiento para con quienes éramos los
representantes legítimos de los trabajadores.
Por lo tanto, este Proyecto
presentado nuevamente por la Legisladora Diéguez no hace más que encarnar
la ruptura con el pasado neoliberal y aportar a la construcción de un modelo de sociedad con
mayor justicia, igualdad y expansión de derechos.
VIEDMA, 21 de abril de
2014.
Comisión Gremial
Interna Zona Atlántica BPRN
María Isabel Carrera
Gladys Elvira
DNI 16.180.247
DNI 12.382.667
ASI PUBLICA ESTA NOTA EL DIARIO NOTICIAS DE LA COSTA:
Provinciales
21-04-2014 20:30:52
Que el Estado pague costas a abogados
es “una acción reparadora”
Defendieron el
proyecto de Susana Diéguez. “El Estado nos produjo un daño a perpetuidad”,
aseguraron.
(El proyecto Diéguez fue presentado nuevamente en
la Legislatura)
Viedma. Ex
empleadas del Banco Provincia de Río Negro (BPRN) señalaron que el proyecto de
ley de la legisladora Susana Diéguez que establece que el Estado pague
exorbitantes sumas a un estudio de abogados por un juicio perdido, se trata de
“una acción reparadora”.
María Isabel Carrera y Gladys Elvira, ex
integrantes de la Comisión Gremial Interna del BPRN, aseguraron que en 2012, el
proyecto Diéguez pasó a archivo no por improcedente, sino porque agotó los
tiempos parlamentarios.
Según las ex trabajadoras del banco estatal, que
fueron despedidas en el marco de la privatización durante la primera gestión
del gobernador Pablo Verani y a quienes no se reconoció su carácter de
representantes gremiales a la hora de liquidar la indemnización, el fin que
persigue el proyecto de Diéguez es “llevar adelante vías de acción tendientes a
hacer cesar la injusticia y persecución de que somos objetos los representantes
gremiales del BPRN”.
Señalaron que fue “el Estado, a través de uno de
sus poderes (el Judicial) el que nos produjo un daño a perpetuidad”.
La historia
Carrera y Elvira recordaron que “en febrero de 1996
quienes integrábamos la Comisión Gremial Interna, elegidos por nuestros
compañeros y reconocidos por la Asociación Bancaria, decididos a no ceder
nuestra responsabilidad como representantes del personal, nos negamos a firmar
la desvinculación exigida por los adquirientes y, en consecuencia, fuimos
despedidos por el Gobierno provincial e indemnizados sin reconocimiento de
nuestro carácter de representantes gremiales”.
Agregaron que iniciamos juicio por el reconocimiento
de nuestros derechos y en junio de 1999 la Cámara de Trabajo dio curso parcial
a nuestra demanda y si bien nos impuso costas por la parte perdida, nos eximió
de efectivizarlas”.
Fue en 2000 que “los jueces del STJ Alberto
Balladini y Luis Lutz ratificaron el fallo de la Cámara, pero objetaron lo
resuelto respecto a la eximición de responder por las costas a los
trabajadores”.
“Fue un fallo arbitrario y político”, definieron
las ex empleadas, que resaltaron que el proyecto “no hace más que encarnar la
ruptura con el pasado neoliberal y aportar a la construcción de un modelo de
justicia, igualdad y expansión de derechos”.
