Por la democratización del poder judicial.

Desde hace tiempo se escucha el clamor de distintos sectores respecto de la necesidad de democratizar al poder judicial, tanto a nivel nacional como local.

El poder judicial no acompaña los procesos democráticos como poder, sino todo lo contrario. Con algunas pocas excepciones, en general ha sido cómplice de los procesos dictatoriales y ha garantizado la impunidad y los procesos de apropiación desmedida de los poderosos nativos.

En nuestra provincia aparece como muy palpable esta necesidad en estos días en que hemos sabido públicamente de que un juez camarista de la ciudad de Viedma se encuentra imputado en una causa por corrupción de menores que involucra también a responsables de otros poderes del estado. Resulta evidente que han fallado todos los mecanismos de control si es que los hay. Ya no se puede tolerar que un juez, quien dirime los destinos del pueblo, dure “mientras dure su buena conducta”. ¿Quién define tal cosa? Verificamos en estos días que por el momento nadie lo hace. Afortunadamente otro Juez tomó el caso y lo investigó a pesar de estar involucrado un colega, pero esto no resulta ser la regla. Muchas arbitrariedades y delitos cometidos por magistrados, han sido resueltos con una renuncia (cuando se avanzó en los sumarios) y en otros casos se los ha premiado con ascensos.

Estamos ante la presencia de un delito muy grave y aberrante que complica a un Juez de Cámara, hecho que se magnificaría si fue cometido por una persona que define sobre la libertad y el resguardo de los derechos de las personas, que tiene incidencia directa en la investigación de delitos como los que se le imputa, que controla a los jueces de instrucción en su labor y que además no sabemos aún hasta donde llegan las complicidades y autoría de sectores encumbrados de la sociedad rionegrina. Hoy resulta evidente que no se puede seguir sosteniendo un sistema de privilegios e impunidad para los jueces. No se puede tolerar que cometan delitos, que sean garantes de un entramado que jaquea a nuestros pibes, que sostiene las desigualdades para generar el caldo de cultivo necesario para dar continuidad a estas prácticas delictivas. ¿Cuánto hay de aporte de los sectores privilegiados para que pueda existir la corrupción de menores y la trata de personas?, ¿que otros sectores de poder se encuentran involucrados? ¿Qué papel jugó la policía en todo esto, y cómo incidió la rebelión policial de diciembre del 2013 para que se pudieran seguir desarrollando estos delitos?

Son preguntas que merecen múltiples respuestas, pero en este estado de cosas, resulta indispensable democratizar el poder judicial, que los jueces y los agentes estatales, así como los privados, por más poderosos que sean, si cometen delitos que reciban las condenas legales correspondientes.

Una práctica habitual en los últimos tiempos es que el Poder judicial no respete las leyes y no se haga cargo de sus problemas. Muestra de ello fueron las presiones que ejerció para impedir la sanción de la ley 5009 de convenio colectivo para el sector judicial. Ya con la ley sancionada, se niega sistemáticamente a cumplirla, modificando condiciones de trabajo sin siquiera oír a los trabajadores. Esta conducta se replica a niveles impensados y coherente con ello, resulta que se encuentre un magistrado imputado por un grave delito.

En este momento político, cuando existe una disputa abierta respecto de las elecciones venideras y donde se expresan dudas sobre la continuidad del proceso político de memoria verdad y justicia, en las últimas semanas los mensajes del poder judicial en este aspecto, han sido todos a favor de la impunidad: sobreseimiento y/o falta de merito en las causas Ledesma; la Nueva provincia y Papel Prensa, como dando un mensaje de que hasta acá se llego.

Por  todo esto impulsamos más que nunca la democratización del poder judicial. Si no lo hacemos, los poderosos y sus lacayos,  siempre van a dejar alguien que los defienda, ya no solo el poder mediático mentiroso y terrorista, sino también un armado judicial que resulte infranqueable.

CTA de los trabajadores/as por la democratización del poder judicial.

18 de Marzo: Paro judicial en Río Negro

Compartimos imágenes de la Movilización que realizaron en Viedma, las compañeras y los compañeros Judiciales rionegrinas/os del SITRAJUR, con la presencia de la conducción provincial y regional de la CTA de los trabajadores. Imágenes facilitadas por la compañera Nancy Ailigo.

CTA RIO NEGRO EN APOYO A LOS JUDICIALES.

La CTA de los Trabajadores expresa su apoyo y acompaña a las y los compañeros/as del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), en su lucha por defender y sostener los ámbitos paritarios, conquistados por ley unánime de la Legislatura provincial. Los jefes del Poder Judicial, utilizando su poder discrecional en forma absoluta y antirepublicana, toman resoluciones arbitrarias y unilaterales, modificando condiciones laborales y salariales. Por eso apoyamos la convocatoria de PARO Y MOVILIZACIÓN para el MIERCOLES 18 de MARZO, en defensa de la ley de negociación colectiva 5009 en plena vigencia para todas las instituciones del pueblo y gobierno de Río Negro, pero que los jerarcas judiciales se niegan a cumplir y aceptar.

Rechazamos, condenamos y denunciamos sus prácticas desleales, cuyo único fin es vaciar y neutralizar la ley de paritarias. Este accionar es ratificado una y otra vez, tanto por el  Superior Tribunal de Justicia, como por la Procuración General, tomando resoluciones unilaterales que modifican salarios, el horario de la jornada vigente y demás condiciones de trabajo de los judiciales de manera arbitraria, inconsulta e ilegal, por fuera del ámbito de aplicación de ley.

Resulta vergonzoso que en esta provincia, quienes tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes y la última palabra en los procesos judiciales, actúen violando manifiestamente una ley que consagra derechos colectivos de la clase trabajadora. Es muy duro imaginarse el destino de un ciudadano común rionegrino si le toca cruzarse en algún reclamo personal o laboral con lo que estos señores consideran sus privilegios y poderes ilimitados. Habrá algún representante político que asuma el desafío de garantizar, como dice la constitución Nacional en su art. 16 que “todos somos iguales ante la ley”?. En Río Negro no lo somos. Hoy los trabajadores judiciales lo padecen en carne propia de sus patrones, verdaderos señores feudales. Por el respeto y la dignidad de las y los judiciales, el 18 Paro y Movilización a Viedma.

Jorge Molina, Secretario General

Luis Giannini, Secretario de Comunicación

CTA de los trabajadores Río Negro,  

CTA Río Negro en el día de la Mujer Trabajadora

Un 8 de marzo más que nos llama a reflexionar sobre la situación de las mujeres trabajadoras en nuestro país y en nuestra provincia. Una conmemoración que surge de la lucha de las mujeres por igualdad de derechos y que no pierde vigencia, cuando constatamos que estas deudas no han sido del todo saldadas por la sociedad en su conjunto.
Sin duda podemos hablar de todas las conquistas logradas hasta el momento tales como: la ley para trabajadoras de casas particulares; la ley para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer; la ley de trata; los protocolos de atención al aborto legal, a la atención de las consecuencias de abortos sépticos, a las víctimas de violencia sexual; la ley de matrimonio igualitario; la ley de identidad de género; la ley de Educación Sexual Integral. Sin embargo, aún luchamos por su efectiva aplicación mediante presupuestos acordes y políticas específicas que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos.
Es importante mencionar que en estos días aparece nuevamente sobre el tapete el debate por una ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que ya ha sido  propuesto en el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Consideramos fundamental dar ese debate de manera seria ya que, tal cual lo señalado por el nuevo ministro de salud Gollán al asumir, en nuestro país se practican medio millón de abortos al año, y se producen infinidad de muertes de mujeres, sobre todo pobres, por interrupciones practicadas en la clandestinidad.
La inexistencia de los refugios y de un verdadero abordaje integral respecto de las mujeres víctimas de violencia y abuso, la falta de capacitación en el Poder Judicial y de otros agentes que debieran garantizar el cumplimiento de las leyes, hacen que en los hechos las mujeres sigan en la total vulnerabilidad, y muchas veces sean víctimas de feminicidios que se podrían evitar si estuvieran dadas las condiciones mencionadas.
La continuidad en la brecha salarial de las mujeres en comparación con los varones por la misma tarea, la perdurabilidad de las redes de trata para la explotación sexual y laboral, la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado de los/las hijos/as, la cosificación del cuerpo de las mujeres ampliamente fomentada por los medios de comunicación, marcan una larga agenda por la cual seguir de pie y en lucha.
Estos cambios necesarios para lograr la igualdad de derechos implican también un cambio cultural para el cual es imprescindible que, en principio las mujeres y, por supuesto, la sociedad toda, tome consciencia de estas realidades y de la importancia de la organización colectiva para  lograr avances.
Queremos enfatizar que las mayores conquistas se dan en marcos democráticos de debate y como parte de políticas de transformación social como las que vivimos actualmente en Latinoamérica y en nuestro país, ya que la igualdad se defiende a la par que la democracia y los procesos de cambio favorables al pueblo, por lo cual desde la CTA de las trabajadoras y los trabajadores de Río Negro abogamos por la continuidad de la lucha por una sociedad justa e igualitaria.
Jorge Molina, Secretario general CTA de los trabajadores de Río Negro, 
Bárbara Palumbo Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades