Desde la CTA Río Negro, destacamos la importancia del señalamiento realizado por la periodista Alicia Miller, en un medio regional del día de la fecha, respecto a la liviandad y poca transparencia con que se maneja el gobierno de Río Negro, sobre todo a partir de las acciones y declaraciones del propio gobernador frente a diversas situaciones, en el marco de la crisis del momento. Cuando habla da información inexacta que revela mentira o desconocimiento, como que invierten 10.000 pesos por alumno, y usando lenguaje soez.
Pero más preocupante es la concepción que revelan los decretos 80 y 81, con los cuales se pretende, en función de la mentada crisis, hacer algunos ajustes y unificar las cuentas de todo el Estado provincial, otorgándole efectivamente la suma del poder público o los superpoderes al ministro de Hacienda. Medida prohibida expresamente en la constitución nacional desde 1853, que practicaron varios gobiernos conservadores y no tanto, antes y después de ese momento. Recientemente muy puesta en boga por el neoliberalismo procesista, menemista, delarruista y veranista. Es una de las prácticas más anti republicanas conocidas, mucho peor que las presiones a la prensa, que la falta de periodicidad en las funciones o la poca transparencia y publicidad de los actos de gobierno. Suele justificarse en graves situaciones de emergencia o de catástrofes y va en línea con algunas medidas extraordinarias para afrontarlas y aliviar así a la gente, no a los gobernantes.
Con esta medida el gobierno provincial primero intentó burlarse de la división de poderes, pues pretendía manejarle y bajarle el presupuesto a los demás poderes, al legislativo y al judicial. Los trabajadores judiciales plantaron con fuerza y muy claros argumentos su reclamo y oposición, pues esto los condenaba a quedar sin una mejora salarial, comprometida por el Superior Tribunal de Justicia. Hace pocos días nos enteramos que este cuerpo le ha señalado y el gobernador ha aceptado, que no puede meterle la mano en el presupuesto a un poder del Estado que tiene que respetar en su independencia, por lo menos económica. Por eso han dicho que se han equivocado en la redacción del decreto y que lo van a resolver.
De todas formas con esta medida, aún aplicada sólo para la órbita del Poder Ejecutivo, se pretende burlar y diluir cualquier forma de contralor sobre la ejecución del gasto público, lo que nos pone en una situación de profunda violación de los principios republicanos, pues el manejo de la cosa pública, sin controles ni transparencias, se torna privativo del grupo gobernante, es decir arbitrario, porque priva a la ciudadanía, a los órganos de control y a los demás poderes, de la información y el posible contralor sobre los actos de gobierno. Todos sabemos que en este caso lo privado es la antítesis de la cosa pública (res-publica).
Por otra parte con la aplicación del decreto 80 el gobernador ha dispuesto meterle una vez más la mano en el bolsillo a muchos trabajadores del Estado provincial que cobren un sueldo similar al suyo, entre ellos muchos docentes, directivos, supervisores o con cargos en zonas inhóspitas que nunca van a tener la tan regalada vida que tiene el gobernador sin usar un solo peso de su “sueldito”. Esto demuestra que el espíritu antirepublicano se torna en algo mafioso, por la costumbre que aqueja a los radicales rionegrinos en el gobierno de disponer arbitrariamente y sin escrúpulos (ni siquiera por decreto muchas veces) del salario de los trabajadores, descontando, rebajando, depreciando o no pagándolo directamente, en muy diversas ocasiones, en todo el cuarto de siglo que llevan encaramados en el poder.
Estos decretos y muchas otras prácticas lamentables de este gobierno, como el manejo arbitrario de la legislatura, sin debate, a puertas cerradas, realizando maniobras lamentables para zafar de las irregularidades, como en el reciente frustrado juicio político al ministro Pega o el no cumplimiento del mandamus del juez Sodero Nievas en el conflicto docente, violan una de las banderas más agitadas por el radicalismo: el sentido republicano. Llama la atención que en el día de la fecha el candidato radical a diputado nacional diga, sin sonrojarse a un medio viedmense : “Nosotros somos más demócratas, más republicanos, nos gusta más buscar los consensos, somos mucho más defensores de las instituciones. No ejercemos el poder con tanto autoritarismo ni atropello, no nos gusta tener el poder hegemónico ni ser los únicos, y eso lo hemos demostrado en Río Negro.”
No queremos traer a la memoria ninguna de las frases de los fundadores del radicalismo, pues no pretendemos juzgarlos desde ese lugar, pero es evidente que debieran revisar mucho de sus prácticas para llamarse republicanos, ni qué hablar de democráticos. Un gobierno que jamás estableció ninguna política de consenso más allá de las típicas transas pre electorales con sus clientes políticos, que ni siquiera cumple con varias instancias participativas fijadas en la gestión de los organismos públicos por la constitución provincial, como el Consejo Provincial de Educación, el de Salud, el Canal de televisión estatal, entre otras cuestiones, no puede siquiera nombrar la palabra democracia. Mucha lucha y resistencia debemos llevar a cabo en Río Negro, quienes no aceptamos tener el lamentable destino de los subordinados a este oscuro y difuso orden conservador y ultrapragmático, con tan pocos principios.
Cipolletti, 10 de Mayo de 2009.
Héctor Luis Giannini. Sec. Gral. De la CTA Río Negro.
