Apoyo a compañeras/os de Sitrajur

Desde la CTA Río Negro expresamos nuestra solidaridad con el compañero Pablo Barreno y con el conjunto de las y los trabajadoras/es judiciales rionegrinos agrupados en el Sitrajur, agraviados por la actitud del Superior Tribunal de Justicia, en su negativa a aceptar la relación paritaria para acordar y resolver las condiciones de trabajo, de empleo y salariales de quienes sostienen cotidianamente con su trabajo el funcionamiento del poder judicial en la provincia.

Esto importa una concepción que desconoce la igualdad ante la ley del conjunto de la ciudadanía (claramente sustentada en la lamentable situación de que evitan pagar los mismos impuestos que pagamos todos), pues parecen considerarse y creerse con más derechos que los demás mortales, como de hecho los ejercen hasta ahora con respecto a la fijación unilateral de las condiciones de trabajo de las y los trabajadoras/es judiciales, negándose a reconocerles los derechos consagrados en la constitución nacional y las convenciones internacionales sobre la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva que tenemos  como clase trabajadora, reconocidas ampliamente en nuestra legislación mayor.

Al mismo tiempo lamentamos profundamente que el Poder Legislativo provincial no tenga la ecuanimidad y valentía de tratar en la sesión legislativa del día 29 el proyecto que ha sido aprobado en las comisiones respectivas y tiene fuerza reglamentaria para ser aprobado en primera vuelta, estableciendo las convenciones colectivas reclamadas por Sitrajur, desde hace muchos años.  Una vez más la voluntad del supremo poder judicial que ordena la desigualdad y la injusticia en esta provincia, hace honor a su historia de posicionarse claramente en contra de la gente de a pie y más humilde, sometiendo a los demás poderes del Estado,  en nombre de la tan mentada independencia y en realidad para sostener un orden social claramente injusto, fundado en fallos y acordadas del STJ que consagran privilegios para los poderosos y vulneran casi siempre los derechos de los más desprotegidos social y jurídicamente: en ellos hay que buscar el origen de las rebajas salariales, los despidos, las persecuciones, la convalidación de todos los ajustes, el cobro de honorarios desmedidos, la actualización usuraria de las ejecuciones judiciales, la impunidad para los actos de corrupción empresarial y política, la impunidad para la enorme cantidad de crímenes contra gente mayoritariamente joven y pobre, víctimas de la violencia institucional y social, todos ocurridos durante 28 años de régimen radical, pero que hoy todavía pesan y condicionan nuestra vida cotidiana como pueblo.  

Reclamamos a las autoridades provinciales que tomen la decisión de  sancionar prontamente esta ley que permita a los judiciales acceder a sus derechos sindicales plenos como trabajadoras/es.