NO A LA SOJA CHINA EN RIO NEGRO

CTA RIO NEGRO PARTICIPO DEL DEBATE LEGISLATIVO SOBRE EL PROYECTO AGROALIMENTARIO DE LA SOJA CHINA.

El día 14 de junio, miembros de la CTA Río Negro participamos del debate en la comisión de Planificación, Economía, Asuntos sociales y Turismo en la Legislatura de Río Negro, que no llegó a funcionar con quorum por la ausencia de algunos legisladores, por el retiro de otros y la llegada tardía de otra, en una lamentable situación de vaciamiento del debate que quienes no estuvieron tendrán que explicar.
Junto a muchas otras organizaciones presentes, como los representantes de las dos universidades nacionales, de la Pastoral Social, del Concejo Deliberante de Viedma y de ciudadanos que han participado de estos debates en diferentes lugares, se pudieron exponer y agregar documentos al expediente de la comisión que continuará sus debates.
Compartimos el documento que expusimos con la postura de la CTA Río Negro sobre este proyecto.

POSTURA DE LA CTA RIO NEGRO ANTE EL DEBATE LEGISLATIVO SOBRE LOS CONVENIOS AGROALIMENTARIOS CON LA PROVINCIA CHINA DE HEILONJIANG .



Ante el intento del Poder Ejecutivo de continuar con el desarrollo del mega proyecto soja en Río Negro, las organizaciones que participamos dentro de la CTA, Sindicatos de Base, Cooperativas, Asociaciones, así como aquellos que en diversos ámbitos de expresión y participación han estado acompañando jornadas, encuentros, congresos, radios abiertas, marchas y diversas formas de expresión pública concluimos que este proyecto es INSUSTENTABLE, por tratarse de un convenio impuesto, violando desde su origen y en otras oportunidades el derecho a la información y por no haber favorecido, ni haberse ajustado a los principios y normativas que rigen en materia ambiental, favoreciendo y estimulando la participación con diversos mecanismos como consulta popular y la expresión viva de la población afectada, antes de la intervención del proyecto.

En materia ambiental, considerándolo desde una perspectiva ecológica y social, afectaría la diversidad, la fragilidad y el equilibrio de los ecosistemas, comprometiendo sus dinámicas y capacidades. El modelo impuesto por la agricultura extractiva no tiende a garantizar el sostenimiento de equidad social, la distribución de la riqueza, el pleno empleo, el arraigo y diversidad multicultural.

En los diversos encuentros ciudadanos que hemos propiciado, luego de intensos debates, las voces ciudadanas se expresaron por un modelo agrario construido sobre el andamiaje de la soberanía alimentaria y territorial, basado en fomento a la agricultura familiar, el campesinado y la diversidad, donde la mayor riqueza sea la preservación de “madre tierra”, la producción de alimentos sanos, de calidad y en cantidad suficiente, planificando y creando relaciones sociales económicas que no sólo eviten la concentración de la tierra y la riqueza, sino que se tienda a redistribuirlas y se aliente la producción, el trabajo y el conocimiento del lugar de cada grupo humano que habita nuestra tierra. En este sentido es repudiable que en estos convenios se otorguen beneficios y excepciones a las reglas vigentes y a la soberanía nacional, con el sólo fin de “atraer” inversiones extranjeras con toda clase de prebendas y privilegios que jamás se les concedería a trabajadores o emprendedores locales. Se pone al Estado y a los bienes naturales que son de nuestro pueblo y no del gobierno que debe gestionarlos de manera sustentable, al servicio de un negocio concentrado que constituye un verdadero despojo, además de prefigurar un sistema social donde prime la injusticia, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la destrucción de la salud de nuestro ambiente, incluida la salud humana.

Poner todo el Estado para asegurar negocios que concentren la tierra y nos aseguren la primacía del uso irracional de agroquímicos, como es el modelo de la mega siembra transgénica basada en los modelos inventados por la empresa Monsanto, la misma que produjo el PCB y ocultó durante 40 años el daño que producía a sus propios trabajadores y a los poblados donde estaban sus fábricas, por el sólo hecho de preservar su tasa de ganancia criminal, es una afrenta lacerante para todo el pueblo de Sierra Grande y para los rionegrinos que todavía padecemos, por incompetencia de nuestras autoridades, la presencia contaminante de los transformadores y los miles de litros de pcb, mal alojados en el polvorín de la Mina de Sierra Grande.

Ignorar esta realidad, que ha sido motivo de una reciente presentación a la justicia por parte de los vecinos y organizaciones de Sierra Grande, es como ignorar las muy nocivas consecuencias sociales, ambientales, económicas y para la salud que tienen los cultivos transgénicos y las rociadas con venenos a que son sometidas poblaciones enteras en la Argentina, donde ya se debate la forma de cambiar de modelo productivo en muchos lugares, a pesar de las enormes presiones de los grupos económicos concentrados que claramente se expresaron en 2008, en el llamado conflicto del “campo” que no fue otra cosa que la defensa de los agronegocios insustentables. Mientras en el país se debate la forma de terminar con este modelo, en Río Negro se quiere inaugurar.

Consideramos fundamental que si se pretende continuar con estos convenios, en cumplimiento de las normativas ambientales y de todo tipo, se proceda a realizar estudios de impacto ambiental, audiencias públicas y un profundo debate en cada lugar de la provincia, alentando la máxima participación de la ciudadanía.