lunes, 18 de abril de 2011

Iniciativa de los trabajadores para democratizar la justicia en Río Negro


El martes 12 de abril de 2011 se realizó en el microcine de la Legislatura de Río Negro, la presentación de un proyecto que tiene el objetivo de democratizar la designación de los jueces en la provincia, generando un debate que permita la participación ciudadana en esta cuestión.

Estuvimos presentes como CTA Río Negro y UnTER, con las compañeras y compañeros de SITRAJUR en esa instancia. Destacamos el trabajo militante que en la génesis y desarrollo de este proyecto han tenido Marcela Marchetti y Edgardo Quezada.

Así lo reflejó el portal ADN:

Viedma (ADN).- Un proyecto de ley de democratización de la integración del Consejo de la Magistratura, a instancias del gremio SITRAJUR, presentaron hoy las legisladoras Silvia Horne (PJ), Beatriz Contreras (Encuentro-Frente Grande) y Luis Bardeggia (Foro Rionegrino) con central alcance en la conformación de una comisión mixta para desarrollar el plan de trabajo para la enmienda constitucional que habilite la reforma del organismo que designa –y remueve- a los jueces rionegrinos.

Ver proyecto

Durante una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en el auditorio de la Legislatura, Horne dijo que la iniciativa tiene por objeto “hacer un aporte a la democratización de la Justicia de Río Negro” y destacó que la propuesta surgió desde la nueva conducción del SITRAJUR que “se ha preocupado por dar un marco legal a la necesidad de mejorar el acceso a la Justicia”.

Horne se refirió que los hechos ocurridos en junio en Bariloche, con la muerte de tres personas, ”ha desatado un debate respecto de la necesidad de democratizar la política de seguridad en Río Negro, con alcance también a la Justicia”.

En la presentación del proyecto participaron el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil; su par del SITRAJUR, Estela Quisles; y los titulares de los gremios rionegrinos de UnTER, Marcelo Mango, y de la CTA, Luis Giannini.

Horne dijo también que la vacante que se producirá en el Superior Tribunal por la renuncia del vocal Luis Lutz “ha disparado en Río Negro un debate muy interesante” por parte de organizaciones de derechos humanas en torno que sea la propia comunidad la que pueda postular candidatos a integrar el máximo cuerpo judicial rionegrino.

Un volante distribuido en la ocasión consigna que “Río Negro merece una justicia independiente; democraticemos el Consejo de la Magistratura”, Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro”.

La referida comisión mixta estará integrada, además de distintos representantes del Poder Judicial, por organizaciones de derechos humanos y contra la impunidad que, según Horne, garantizará “un marco de participación ciudadana en el mecanismo de selección de los magistrados”. (ADN)

sábado, 9 de abril de 2011

Aborto Legal, una Deuda de la Democracia

Publicamos el texto de una Solicitada publicada en diversos medios de la Argentina, el 8 de abril de 2011, con el apoyo de cientos de organizaciones de todo tipo.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
www.abortolegal.com.ar - http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com - legalizacionaborto@yahoo.com.ar


ABORTO LEGAL, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA
Afirmando nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones, grupos y personas abajo firmantes consideramos imprescindible que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-presentado con la firma de 50 diputadas/os de un amplio arco político; porque ésta es una deuda que la democracia tiene con las mujeres en Argentina.
La despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social, porque el aborto clandestino mal hecho, sin condiciones sanitarias adecuadas, pone en peligro la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres más pobres. Condena a la muerte a cientos de mujeres por año en nuestro país, siendo la primera causa de Mortalidad Materna en Argentina.
La criminalización del aborto no impide su práctica, como lo demuestra la realización de alrededor de medio millón de abortos por año.
La legalización no obliga a nadie a practicarlo, por el contrario, garantiza condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Así como reconoce la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada.
Un Estado laico y democrático debe garantizar la libertad y el respeto a las creencias de todas las personas y es su responsabilidad diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres.

Educación sexual para decidir , anticonceptivos para no abortar , aborto legal para no morir


Diputadas/os firmantes del proyecto de Ley IVE:
Juliana Di Tullio, María L. Storani, Miguel Barrios, Adela Segarra, Héctor Alvaro, Cecilia Merchán, Marcela Rodríguez, Nélida Belous, Silvia Storni, María Areta, Adriana Puiggrós, Verónica Benas, Victoria Donda Pérez, Fabián Peralta, Fernanda Gil Lozano, Claudio Lozano, Lisandro Viale, Silvana Giudici, Héctor Recalde, Mónica Fein, Alicia Ciciliani, Liliana Parada, Néstor Castañón, Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, María F. Reyes, Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Ricardo Cuccovillo, Roy Cortina, Adriana García, Lorena Rossi, Remo Carlotto, María E. Chieno, Hugo Perié, Laura Alonso, Carlos Comi, Graciela Iturraspe, Federico Kenny, Diana Conti, Alejandro Rossi, Silvia Vazquez, Carmen Nebreda, Virginia Linares, Margarita Stolbizer, Juan P. Tunessi, Gloria Bidegain.

Adhieren: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: siguen cientos de organizaciones firmantes.

jueves, 7 de abril de 2011

Lago Escondido: La complicidad del gobierno de Río Negro con Lewis

Desde hace dos años el multimillonario resiste el cumplimiento de un fallo judicial que ordena el libre acceso al lago. Por qué muchos replican su amenaza de dejar sin trabajo a todos sus empleados. El rol de los medios.
(Nota e investigación del diario Tiempo argentino)

El imperio privado y por fuera del control estatal que el magnate inglés Joe Lewis creó en la zona de Lago Escondido, se construyó a fines de los años ’90 sobre la base sólida de la connivencia política y el apoyo empresario. Luego de comprar en 1998 las 12 mil hectáreas por sólo U$S 3.500.000, empezó el lobby del dueño de Puma, Vans y Hard Rock Café para blindar del público la zona, ubicada a escasos kilómetros de El Bolsón, provincia de Río Negro. El puntapié inicial del imperio de Lewis se dio a fines de ese año. Diputados trató un proyecto de ley para ampliar el área protegida Río Azul/Lago Escondido para que, justamente, el Estado pudiera tener injerencia sobre las áreas controladas por Lewis. En un principio, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, pero a la hora de votar, las presiones de los operadores del magnate dejaron el proyecto en la nada.

A pesar de este antecedente, hasta el día de hoy –donde estalló un escándalo por la privatización de los caminos de acceso al lago y punteros de Lewis se establecieron en Viedma para obstruir la labor de la Corte Suprema provincial–, no se había identificado con nombre y apellido la red de adhesiones políticas, empresarias y de medios de comunicación a la privatización.


Los personajes más célebres y funcionales aparecieron en plenitud en la última constatación del área que ordenó el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas: uno de los que el 19 de marzo se interpuso al avance de la justicia en una de las once tranqueras de acceso al lago fue el empresario Juan Carlos Martínez, dueño de la cadena de supermercados El Chaqueño. “Vengo a defender los intereses de mi amigo”, decía Martínez en relación con su vínculo con Lewis. Además, el supermercadista también fue parte del escrache al Poder Judicial de Viedma, marcha en la cual alentaba a las más de 200 personas congregadas frente al edificio a coincidir en que “hoy somos todos ingleses, los trabajadores, los empresarios, todos”. El dueño de El Chaqueño es uno de los cinco empresarios que a diario se reúnen con Nicolás Van Ditmar, administrador de Lago Escondido que días atrás aseveró que defendería la propiedad privada a punta de winchester. En esas reuniones, también tiene influencia Fabián Tornero, propietario del corralón Comarca Andina, que además es proveedor del emprendimiento de Lewis.


“Van Ditmar es el principal operador, vinculado a Lewis a través de su grupo inmobiliario, es el que maneja el negocio y el nexo político”, dijo a Tiempo Argentino el doctor Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, seccional Bariloche. Es que Federico Van Ditmar, padre de Nicolás, fue quien le vendió Lago Escondido a Lewis y ubicó a su primogénito como mano derecha del multimillonario.

Otro de los que les puso el cuerpo a los negocios de Lewis fue el abogado bonaerense Santiago Lynch. Es gerente de All About Kids, el predio donde Lewis recibe a colegios como método para blanquear su imagen ante la sociedad; encargado de “las relaciones con la comunidad” y según fuentes que investigan el caso Lago Escondido, además es hoy asesor jurídico de Hidden Lake. Los que lo conocen destacan la formación conservadora del letrado, que se recibió en la Universidad Católica Argentina. En las tranqueras, Lynch presumía ante la justicia diciendo: “Soy pariente del Che Guevara”.


Entre los que adhieren a la causa Lewis se filtró en los últimos días el presidente del Rugby Club Jabalíes, José Calviño, quien afirmó en diferentes medios pro-Lewis que hoy “el lago es mucho más público de lo que parece”. Calviño es uno de los organizadores de los partidos de rugby que se juegan en las canchas que Lewis tiene cerca del lago, y su equipo ha hecho las veces de local en dicho predio.

Para hacer triunfar su empresa, Lewis creó además un bloque de medios adictos. Dos diarios reproducen sus actividades y tergiversan el humor real que hay en Viedma con la causa Lago Escondido: el diario Ruta 40 está dirigido por Nancy Aleuy, quien además es encargada de prensa de Hidden Lake; mientras que el matutino El Cordillerano tiene como corresponsal en la zona a otro vocero de Lewis. El caso de Ruta 40 es bastante particular: “Se fundó en septiembre de 2010 con la idea de cambiar la imagen negativa del emprendimiento Hidden Lake”, contó a Tiempo Eliana Almonacid, referente de la Juventud Radical de Río Negro y ex trabajadora del diario. Aleuy echó a Almonacid y otros cinco compañeros en noviembre del año pasado, por negarse a juntar firmas contra la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, para declararla persona no grata por las investigaciones contra Lewis que lleva adelante desde 2005. Además, el medio siempre pagó los sueldos en negro y los trabajadores están en juicio por salarios adeudados. “La directora nos decía que Lewis tenía comprados todos los medios, y el magnate bancaba todo el diario”, dijo Almonacid. Van Ditmar era, en el periódico, el autor intelectual de la línea editorial.


Pero el engranaje más importante es la pata política del respaldo a Lewis. Avalados por la hasta ahora ausente postura del gobernador radical Miguel Saiz, los funcionarios públicos armaron dos frentes para apoyar al magnate. Por un lado, se constituyó virtualmente el grupo de choque encargado de disuadir cualquier protesta contra Lewis. En este grupo ingresan el comisionado de El Manso, Jesús Carro; y el intendente de El Bolsón, Oscar Romera. Romera fue, junto con Van Ditmar y un grupo de civiles pagos, quien estuvo al frente en marzo de 2009 de una represión a una manifestación de la CTA Neuquén a favor de la soberanía argentina en el Lago. Legisladores que investigaron el caso contaron a este diario que, en esa ocasión, y ante la posibilidad de que la protesta llegara a las puertas de la mansión de Lewis, el magnate cerró un acuerdo con la policía: mientras Romera y Van Ditmar frenaban a la CTA y a algunos vecinos, el grupo Bora, la división antimotines de la policía, esperaba en la casa como el último recurso de la represión. Por fortuna, el cuerpo no tuvo que actuar.


De cualquier forma, el fanatismo de Romera tiene una explicación: fuentes cercanas al funcionario contaron que su hija, Nieves Romera, trabaja actualmente en la empresa Lago Escondido y aspira a ser concejal. Junto a Carro, uno de los que hoy está al frente del escrache a la Corte Suprema, Romera es conocido en la zona como cabeza del grupo de “los amigos de Lewis”.

De todos modos, los vínculos políticos son aun más profundos en el segundo eslabón del apoyo gubernamental: el de las habilitaciones y permisos. El titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro, Oscar Echeverría, fue uno de los señalados por Odarda “como uno de los amigos de los poderosos que se están quedando con nuestros recursos naturales”. A pesar de su rol de control estatal, Echeverría vacaciona en la estancia de Lewis, y fue el encargado de decir que el camino público de acceso al lago no estaba en condiciones, cuando en la constatación judicial se probó que lo único que faltan son los puentes, presuntamente derribados por Lewis. Con este ardid, se intentó frenar el ingreso judicial a las propiedades del millonario. De hecho, por estas trabas recién el 19 de marzo, luego de 12 años de lobbies y presiones, la justicia confirmó que Lewis tiene dos mansiones sobre el camino público.


Pero hay más: Sergio Plunket, ingeniero del organismo Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse), responsable de controlar los caminos públicos, ejerce además como consultor ecológico privado de Hidden Lake, con un doble rol. Concretamente, Plunket firma las declaraciones de impacto ambiental de los emprendimientos de Lewis. Se hizo célebre por autorizar la construcción del aeropuerto de Van Ditmar en otra zona de la Patagonia. Paradójicamente, y por sostener su teoría de que el camino de montaña –una sinuosa ruta que se hace con baqueanos– puede usarse para llegar al lago sin necesidad de utilizar el que hoy privatizó Lewis, Plunket se accidentó al caer del caballo subiendo una pendiente. Hoy goza de licencia médica.


Otro de los funcionarios vinculados al inglés es Jorge Belacín subsecretario de Tierras y Comarcas del gobierno provincial. Hoy recae sobre él una denuncia del diputado Luis Bardegia, del Foro Rionegrino (una vertiente del Frente para la Victoria), que lo acusa de haber entregado tierras a Lewis para la especulación. “En 2008, Belacín aprobó la venta de un terreno fiscal al titular de la empresa Forestal Rionegrina, José Martínez Pérez, que se la vendió ocho meses después a Nicolás Van Ditmar, violando las leyes de protección de la tierra”, dijo Bardegia a este diario. En la causa se confirmó que Van Ditmar compró inmediatamente con recursos de Lewis, lo cual está prohibido por norma, ya que para evitar la especulación no pueden venderse terrenos hasta luego de cinco años de adquiridos. Actualmente, los fiscales estudian cinco expedientes nuevos respecto de estos procedimientos, en algunos de los cuales también aparecería Lewis.

El caso Lago Escondido dividió aguas además en el seno más concentrado de las decisiones políticas. El tema tensó aún más la relación entre Miguel Saiz y Bautista Mendioroz, vicegobernador de Río Negro. Mendioroz es la voz anti-Lewis frente a la improcedencia de Saiz, y fue quien en los últimos días repudió y denunció las declaraciones de Van Ditmar de proteger a Lewis mediante el uso de las armas.


“Ellos vinieron a Viedma, con una protesta armada, para demostrar que son más fuertes que el Estado, que son impunes”, concluyó la legisladora Odarda en una descripción que pinta el escenario a futuro. Ahora, con el conflicto nacionalizado y con los negocios del magnate al descubierto, todo está en manos de la Corte de Río Negro, que podría expedirse en menos de 10 días respecto a la liberación al público de los caminos que Lewis tomó irregularmente para sí.


Informe: Violeta Mucci para Tiempo Argentino.

Fuente: Diario La Palabra. Viedma

martes, 5 de abril de 2011

Justicia completa por Fuentealba




Cipolletti, 04 de abril de 2011

Compañeros/as docentes en nuestro país históricamente han luchado por sus derechos laborales con marchas, huelgas de hambre, cortes de ruta, etc. En el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a la CTERA, se decidió hacer un corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito el 4 de abril de 2007, como medida de protesta.

Organizaciones sociales, gremiales de Neuquén, apoyaron la medida adoptada por los/as compañeros/as docentes y también se hicieron presentes en Arroyito.

La orden de impedir el corte de ruta, dada por Sobisch, gobernador en ese entonces, se cumplía fielmente por policías con y sin uniforme. . El retiro se realizaba en vehículos y caminando, instancias en las que el maestro Fuentealba, fue asesinado por el cabo Poblete, sicario de Sobisch, no respetando la decisión que ya habían tomado los/as compañeros/as de retirarse pacíficamente del lugar.

Argentina toda salió a la calle exigiendo justicia por la muerte del compañero Carlos, juicio y castigo para Sobisch, autor oculto y para el policía Poblete quien hizo el disparo mortal a menos de diez metros al compañero Carlos Fuentealba, no le dieron la oportunidad de realizar la más elemental de las defensas: escapar, protegerse, correr.
Hoy a cuatro años de la muerte del compañero, Carlos, desde la Central de Trabajadores de Argentina, (CTA),Rio Negro, Expresamos nuestra solidaridad con la compañera Sandra Rodríguez de Fuentealba, sus hijas, la docencia neuquina y su organización gremial, ATEN.

El paso del tiempo no debe ser obstáculo para exigir justicia y poner en el banquillo de los acusados al responsable político; JORGE SOBISCH, y que pague con cárcel común, su delito.

Juntos digamos, ¡¡¡basta de impunidad!!! Que la justicia sea para todos/as sin excepciones, por la defensa de nuestros derechos humanos,CTA, Rio Negro, siempre presente.

Luis Gianini Marta Vidal
Sec. General Sec. Adjunta
Más de 6000 personas marcharon el 4 de abril en horas de la tarde, reclamando justicia completa por Carlos Fuentealba, por las calles de la ciudad de Neuquén. Compañeras/os de la CTA Río Negro y de la UnTER participamos activamente. El cierre del multitudinario acto, estuvo a cargo de las organizciones que participan como Amicus Curiae en la causa Fuentealba II, que en horas de la mañana se habían reunido con el secretario del Superior Tribunal de Justicia, reclamando la reactivación de esta causa: APDH (Noemí Labrune), CELS, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora (Tati Almeida), Confederación Mapuce (Mari Piciñan). Ya sobre el final habló Sandra Rodríguez y la despedida estuvo a cargo del cantautor Ignacio Copani.