Desde hace tiempo se escucha el clamor de distintos sectores
respecto de la necesidad de democratizar al poder judicial, tanto a
nivel nacional como local.
El poder judicial no acompaña los procesos democráticos como
poder, sino todo lo contrario. Con algunas pocas excepciones, en
general ha sido cómplice de los procesos dictatoriales y ha
garantizado la impunidad y los procesos de apropiación desmedida de
los poderosos nativos.
En nuestra provincia aparece como muy palpable esta necesidad en
estos días en que hemos sabido públicamente de que un juez
camarista de la ciudad de Viedma se encuentra imputado en una causa
por corrupción de menores que involucra también a responsables de
otros poderes del estado. Resulta evidente que han fallado todos los
mecanismos de control si es que los hay. Ya no se puede tolerar que
un juez, quien dirime los destinos del pueblo, dure “mientras dure
su buena conducta”. ¿Quién define tal cosa? Verificamos en estos
días que por el momento nadie lo hace. Afortunadamente otro Juez
tomó el caso y lo investigó a pesar de estar involucrado un colega,
pero esto no resulta ser la regla. Muchas arbitrariedades y delitos
cometidos por magistrados, han sido resueltos con una renuncia
(cuando se avanzó en los sumarios) y en otros casos se los ha
premiado con ascensos.
Estamos ante la presencia de un delito muy grave y aberrante que
complica a un Juez de Cámara, hecho que se magnificaría si fue
cometido por una persona que define sobre la libertad y el resguardo
de los derechos de las personas, que tiene incidencia directa en la
investigación de delitos como los que se le imputa, que controla a
los jueces de instrucción en su labor y que además no sabemos aún
hasta donde llegan las complicidades y autoría de sectores
encumbrados de la sociedad rionegrina. Hoy resulta evidente que no se
puede seguir sosteniendo un sistema de privilegios e impunidad para
los jueces. No se puede tolerar que cometan delitos, que sean
garantes de un entramado que jaquea a nuestros pibes, que sostiene
las desigualdades para generar el caldo de cultivo necesario para dar
continuidad a estas prácticas delictivas. ¿Cuánto hay de aporte de
los sectores privilegiados para que pueda existir la corrupción de
menores y la trata de personas?, ¿que otros sectores de poder se
encuentran involucrados? ¿Qué papel jugó la policía en todo esto,
y cómo incidió la rebelión policial de diciembre del 2013 para que
se pudieran seguir desarrollando estos delitos?
Son preguntas que merecen múltiples respuestas, pero en este
estado de cosas, resulta indispensable democratizar el poder
judicial, que los jueces y los agentes estatales, así como los
privados, por más poderosos que sean, si cometen delitos que reciban
las condenas legales correspondientes.
Una práctica habitual en los últimos tiempos es que el Poder
judicial no respete las leyes y no se haga cargo de sus problemas.
Muestra de ello fueron las presiones que ejerció para impedir la
sanción de la ley 5009 de convenio colectivo para el sector
judicial. Ya con la ley sancionada, se niega sistemáticamente a
cumplirla, modificando condiciones de trabajo sin siquiera oír a los
trabajadores. Esta conducta se replica a niveles impensados y
coherente con ello, resulta que se encuentre un magistrado imputado
por un grave delito.
En este momento político, cuando existe una disputa abierta
respecto de las elecciones venideras y donde se expresan dudas sobre
la continuidad del proceso político de memoria verdad y justicia, en
las últimas semanas los mensajes del poder judicial en este aspecto,
han sido todos a favor de la impunidad: sobreseimiento y/o falta de
merito en las causas Ledesma; la Nueva provincia y Papel Prensa,
como dando un mensaje de que hasta acá se llego.
Por todo esto impulsamos más que nunca la democratización
del poder judicial. Si no lo hacemos, los poderosos y sus lacayos,
siempre van a dejar alguien que los defienda, ya no solo el
poder mediático mentiroso y terrorista, sino también un armado
judicial que resulte infranqueable.
CTA de los trabajadores/as por la democratización del poder
judicial.
