lunes, 19 de diciembre de 2011

IMPUNIDAD Y POLITICA EN RIO NEGRO

Documento de la CTA sobre la Impunidad en Río Negro.

IMPUNIDAD Y POLITICA EN RIO NEGRO


No es novedad que la UCR, partido que gobernó por 28 años a Río Negro dejo una provincia diezmada: con una deuda estimada en 4.800 millones de pesos, que la coloca segunda en el país con la mayor deuda pública por habitante; muchos funcionarios con denuncias de corrupción en los diferentes poderes del Estado; una estructura productiva al servicio del capital concentrado; un Estado que no puede hacerse cargo de los servicios esenciales; una fuerte connivencia de las estructuras políticas y policiales con el delito que ha sembrado la provincias de asesinatos y desapariciones que aun están impunes.

La política de exclusión social llevada adelante por el gobierno de la provincia de Río Negro se ha dado en consonancia con una política represiva que ha tenido a la policía provincial como protagonista con el apoyo en numerosas ocasiones del Grupo Especial BORA (fuerza especial dependiente de la policía de Rio Negro). Los ejemplos más recientes son asesinatos dirigidos a los jóvenes de Bariloche Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, de Viedma Guillermo Trafiñanco y Guillermo Garrido en El Bolsón. Luego de terminado el ciclo del gobierno radical, la justicia ha “descubierto” que Guillermo Garrido de el Bolsón no se suicidó y que a Carrasco y Cárdenas los mataron con perdigones de Itacas policiales,

La impunidad y corrupción desplegada por el poder político y sectores de la institución policial han derivado en numerosas investigaciones que vinculan a estos actores con la droga, el juego, la prostitución y la trata de personas. Uno de los hechos más resonantes que ejemplifican este tipo de asociación ilícita es el caso de Otoño Uriarte, quien desapareció el 23 de octubre de 2006 y su cuerpo fue encontrado sin vida unos seis meses después en un canal de riego.

La provincia de Río Negro tiene más de 100 crímenes impunes, en su historia reciente. La mayoría de ellos han sido contra mujeres y jóvenes o adolescentes. A esto debemos sumarle la desaparición de Daniel Solano que fue sacado por la policía del boliche Macuba de la localidad de Choele Choel el día 5 de noviembre de 2011 a las 3,30hs y aun no se sabe su paradero y hoy se cumplen 40 días de su desaparición.

Daniel es un joven de 26 años, residente en Salta, de origen Guaraní, trabajador temporario que había llegado a Valle Medio en el mes de octubre para realizar tareas en el establecimiento de la multinacional frutícola Expofrut y había sido traído por la empresa Agro Cosecha SRL que provee de trabajadores temporarios a la empresa Expofrut sin que tengan con esta una relación de dependencia. Esta empresa está custodiada por el Grupo Especial BORA que actúa como adicional de seguridad. Los trabajadores/as cuentan que estos adicionales de seguridad realizan periódicamente requisas en las gamelas donde viven los trabajadores/as y a veces los obligan a trabajar por la fuerza.

Al momento no está establecida una relación entre la policía y este Grupo Especial con la desaparición de Daniel Solano, pero es una de las líneas de investigación.

El gobierno de Río Negro que condujo los destinos de la provincia por 28 años, antes de su retirada, nos deja otro caso a los más de 100 casos impunes que ya hay en la provincia. Desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina nos solidarizamos y acompañamos a familiares y amigos de Daniel en su búsqueda y pedimos justicia para este y todos los casos impunes en la provincia de Rio Negro.




Néstor Silva, Sec. General de CTA Beltrán y Sec. Nivel Superior UnTER

Jorge Molina, Sec. Gral. UnTER y Sec. Gral. CTA Bariloche

Luis Giannini, Sec. Gral. CTA Río Negro y Sec. de Prensa UnTER.

Denunciamos al BORA y a Expofrut ante el ministerio de Gobierno de Río Negro

En el día de hoy, desde la CTA Río Negro y el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, hemos realizado una presentación ante el Sr. Ministro de Gobierno de la provincia, denunciando las actividades represivas que realiza el grupo antimotines BORA, de la policía de Río Negro, al servicio y como guardia privada de la empresa Expofrut Univeg SA, en sus instalaciones frutícolas de Lamarque, adonde aloja y hace trabajar a muchos trabajadores golondrina, provenientes de distintas provincias del Norte argentino.
Luego de relatar diferentes situaciones testimoniadas por ex trabajadores golondrina en esa empresa, que fundamentan esa presentación y una denuncia penal que será radicada en las próximas horas, se realizan solicitudes concretas al sr. Ministro de Gobierno, que constan en el texto que sigue:

En virtud de todos estos testimonios, de la gravedad y la urgencia que amerita una actuación rápida y eficaz de parte de las autoridades estatales, la CTA y el OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE RÌO NEGRO manifiestan la necesidad de:

1.- Que se realice una amplia y exhaustiva investigación que abarque todos los casos aquí mencionados y se determine las responsabilidades de los delitos.

2.- Que se proceda a la inmediata disolución de la fuerza del BORA cuya existencia es continuamente cuestionada, sin que nadie haya podido justificar hasta el presente la razón de su creación y que está vinculada a momentos de represión inusitada ejercida contra el Pueblo rionegrino y como queda claro en esta denuncia: contra los trabajadores que crean riqueza en esta provincia. No hay razones para mantener semejante grupo cualquiera sea el punto de vista desde el que se analice. Por lo menos, en forma inmediata, debiera prohibirse que estas empresas contraten como ejército privado a efectivos de una fuerza de seguridad pública antimotines.

3.- Que se promuevan acciones sumariales contra los integrantes del BORA que sean imputados de la comisión de los ilícitos mencionados en el presente, que se impulse esos sumarios y se determine la máxima sanción exonerando a los responsables de aquéllos.

4.- Que se garantice el cumplimiento de los derechos del trabajo y se realicen en forma sistemática y regular inspecciones de trabajo con el acompañamiento de estas organizaciones: CTA y Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.

4.- Que desde la Secretaría de Trabajo con la participación de esta central gremial y de este organismo de derechos humanos, se haga conocer a los trabajadores que se desempeñen en el predio de Expofrut - UNIVEG SA, todos los derechos que les asiste.

5.- Que se dé intervención para verificar el estado de salud de dichos trabajadores a organismos estatales y se promueva la elección desde la Secretaría de Trabajo de delegados laborales y sobre seguridad e higiene.

6.- Que se prohíba el uso de consignas comerciales que refieren a un "estricto cumplimiento de estándares de calidad y buenas prácticas", mientras en la realidad observamos que no se asegura el respeto estricto al principio protectorio y de derechos irrenunciables de los trabajadores, al Art. 14 bis de la Constitución Nacional y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y legislación nacional vigente.

Sin otro motivo, saludamos muy atentamente.-

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE RÍO NEGRO

CTA RÍO NEGRO

Declaraciones del secretario general de la CTA; "Sin techo" para las paritaras

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, se pronunció por negociaciones paritarias "sin techo" y a favor de una ley de participación en las ganancias "si existiera el consenso necesario" entre todos los sectores.

En una entrevista brindada a la agencia informativa Télam, Yasky expresó la necesidad de "discutir que no haya techo en las negociaciones paritarias", ya que es un tema "muy importante" para los trabajadores y porque el piso de partida "es desparejo y perjudica a quienes vienen por detrás" de ese valor.

"La CTA sostuvo en varias negociaciones que el porcentaje (de aumento salarial en paritarias) debe decidirse en función del costo de la canasta básica, para lo cual se tuvo en cuenta el IPC de siete provincias, cifras presentadas por empresarios y los propios índices del instituto de la central", definió.

En cuanto a una ley para establecer la distribución de las ganancias de las empresas entre los trabajadores, el gremialista sostuvo que "la CTA estaría a favor si existiera el consenso necesario y una agenda razonable", aunque aseguró que "no está en el orden de prioridades" de la central.

Sin embargo, consideró prioritario "resolver la situación del 35 por ciento de los trabajadores informales, eliminar el trabajo infantil y asistir a quienes son desalojados de las provincias por los sojeros".

El titular de la CTA explicó que la sintonía fina postulada por el gobierno consiste en "eliminar las desigualdades al interior de la clase trabajadora y profundizar la participación de los trabajadores en la riqueza producida", e insistió con "priorizar al 35 por ciento del sector no registrado".

"Un aporte de la CTA a la sintonía fina es señalar que existen cientos de miles de personas encuadradas en planes cooperativizados que ganan 1.200 pesos", sostuvo e incluyó en ese sector al trabajo infantil, doméstico y rural.

En otro orden el dirigente docente resaltó que la personería gremial de la Central "es una demanda a sostener", por lo que en 2012 "se insistirá" ante las autoridades con ese pedido.

En cuanto al conflicto con la CTA que lidera el dirigente estatal Pablo Micheli, Yasky reseñó que existe un fallo pendiente de la Corte Suprema, y expresó su expectativa de que "se respalde el pedido de realizar elecciones complementarias".

Al respecto, manifestó su esperanza de que Micheli "acate el pronunciamiento y se termine la historia de este fraude".

"La CTA volverá a ser una sola y quienes ignoren la resolución de la Justicia y los votos de los afiliados deberán buscar otro nombre de fantasía para seguir existiendo", advirtió y evaluó que la ruptura con Micheli "no afectó la legitimidad de la central" sino que "sólo significó la ida de un sector que pretendió poner a la organización detrás de una conducción opositora".

En el sector de Micheli "apenas permanece alguna parte de trabajadores del Estado pero el resto de los sindicatos quedó de este lado, por tanto, no existen como central sindical", señaló y aseguró que "en términos de legitimidad política, desprendernos de ese lastre permitió a la CTA tomar posiciones frente al proceso político nacional que, de otra manera, no hubiera sido posible". En relación a la agenda para 2012, Yasky adelantó que "la CTA convocará en mayo a un congreso nacional en La Quiaca, en el que se planteará el apoyo a la ley contra la extranjerización de tierras y se promoverá una norma que suspenda el desalojo de los pequeños campesinos, para avanzar en una legislación que propicie un modelo productivo en el agro y los lugareños tengan sustento".

"Además propondremos una nueva reglamentación para controlar inversiones extranjeras; otra para la supresión de la ley de funcionamiento del sector financiero, heredada de la época de Martínez de Hoz; avanzar con firmas de convenios de la OIT, como los que suspenden despidos sin causa y los que reglamentan los derechos de las organizaciones sin personería gremial", informó.

A la lista de propuestas agregó "una ley que genere en Argentina una convocatoria similar a la que planteó la Confederación Sindical Internacional en el G-20, que consiste en un pacto que resguarda empleo y genera mecanismos de discusión con empresarios y el gobierno sobre los precios del sector alimenticio".

"Eso resguardaría al movimiento obrero de las 200 empresas monopólicas que determinan los valores y desbalancean en forma permanente las conquistas salariales de los trabajadores", concluyó.

martes, 6 de diciembre de 2011

Comunicado de la CTA Río Negro reclamando justicia para los crímenes cometidos contra las mujeres‏

Desde la CTA Río Negro adherimos a las actividades y movilizaciones que se llevan adelante reclamando justicia para todos los crímenes cometidos contra las mujeres por la sola condición de ser mujeres, como consecuencia de la vigencia de una cultura machista y discriminadora hacia la condición de mujeres, cultivada por el conjunto de la sociedad, por los medios de comunicación, por gran parte de los gobernantes, incluido el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, lugares donde se expresan con mayor crudeza la impunidad de la violencia hacia las mujeres, en todas sus expresiones y manifestaciones.
Nos parece oportuno recordar y compartir la existencia de la Ley Nacional 26485, sancionada en marzo de 2009 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sanción que expresa un salto cualitativo en el tratamiento y la mirada sobre esta problemática. En primer lugar por el enfoque de derechos humanos y la inclusión explícita de la comprensión de la misma como violencia de género. Lo que implica reconocer sus causas más profundas: asentadas en la cultura patriarcal, basada en relaciones históricas de poder asimétrico entre los géneros.
La Ley define como modalidades de violencia a la doméstica, institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva y mediática; que se expresan en cinco cinco tipos de violencias, que son: la física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica. La inclusión de éstas modalidades y tipos suponen una mirada abarcadora de las violencias y reconocen el papel que también le compete a los medios de comunicación, aspecto fundamental a considerar en las sociedades contemporáneas.
En esta situación los principales responsables de aplicar justicia, jueces y fiscales, debieran anoticiarse con mucho más compromiso de la existencia de estos preceptos y aplicarlos con claridad para terminar con el temor de las víctimas y la creciente posibilidad de ser revictimizadas por sus agresores, en una ciudad y una provincia que ha padecido y padece una gran cantidad de crímenes contra las mujeres por su condición de tales.


Marta Vidal, Sec. Adjunta Luis Giannini, Sec. Gral.
CTA Río Negro

viernes, 2 de diciembre de 2011

Sobre el asesinato de Guillermo Garrido en El Bolsón

¿Cuántas pruebas más hacen falta?

Sobre el asesinato de Guillermo Garrido.

El equipo de expertos de la procuraduría Bonaerense terminó por confirmar lo que ya sabíamos todos: queGuillermo Garrido no se suicidó como pretendieron hacernos creer la policía de el Bolsón, encabezada por el Comisario Cabrera, y el Juez Ricardo Calcagno quién rápidamente había cerrado la causa con la carátula de suicidio. Además el informe, que sostiene que Garrido fue objeto de golpes antes de su muerte, es durísimo con el perito forense que intervino en la causa. Policías asesinos, forenses, jueces y responsables políticos encubridores es la conclusión obvia de la lectura del informe.

Queda cada vez más claro que no existe justificación alguna para el accionar policial cuya lógica profunda consiste en usar la represión ilegal como solución a la incapacidad política de resolver los conflictos en un orden democrático, para sostener una realidad social profundamente injusta. Por ello desde la CTA levantamos nuevamente la voz junto a la comunidad del Bolsón, la comarca Andina y toda la provincia, para exigir justicia, para Guillermo Garrido, para los tres chicos de Bariloche (Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas) y para todos jóvenes asesinados impunemente en la provincia por la policía de Saiz, Larreguy y Cufré, en el marco de nuestra lucha histórica por la democratización de la justicia y de la policía provincial y sobre todo por un orden social justo.

Jorge Molina, Secretario General CTA. Bariloche, Bolsón, Pilcaniyeu.


Luis Giannini, Secretario General CTA Río Negro.

El juicio en Bahía Blanca: Víctimas de Viedma

Víctimas de Viedma

Contreras comando el operativo  de secuestro.
Contreras comandó el operativo de secuestro.

Héctor Ayala fue secuestrado la noche del 20 de diciembre de 1976, mientras realizaba trabajos de pintura en una chacra de la ciudad de Viedma. El operativo del que participaron entre diez y doce personas de civil estaba a cargo del sargento de la Policía Federal Argentina Contreras.

"El grupo de Viedma no había cometido ningún delito grave, salvo tirar un volante. En otro lado no hubiésemos zafado. Mi función en la militancia era con los pibes de la calle", contó al tribunal.

Ante la patota policial, Ayala se identificó y fue introducido violentamente en una camioneta, encapuchado y golpeado. Tras recorrer unos cinco kilómetros el vehículo frenó y los captores lo sometieron a un simulacro de fusilamiento.

Luego fue llevado a la Delegación Viedma de la Policía Federal donde el jefe Vicente Forchetti, imputado en la causa, lo amenazó e interrogó sobre sus actividades e ideas políticas. Al terminar, lo encerraron en el altillo de la dependencia hasta su traslado a La Escuelita de Bahía Blanca la mañana siguiente.

En el centro clandestino de detención bahiense Ayala fue torturado por personal militar que insistió en interrogarlo para obtener datos de sus actividades políticas o de otras personas, la mayoría desconocidas por el testigo.

El 24 de diciembre del 76 Héctor fue trasladado en una camioneta a la cárcel de Villa Floresta donde lo recibió el "Mono" Núñez, nexo entre la unidad penitenciaria y el campo de concentración.

"Nos suben en varios coches y nos llevan a un campo. Había compañeros que habían ido en un camión grande y decían que nos iba a pasar lo mismo que en Margarita Belén. Nos bajan y esperamos que nos tiren. Una de las personas que no sé si era el `Mono´ Núñez, nos pedía documentos en el medio del campo", declaró.

"Sonamos", pensó cuando los cargaron en un camión y relató que "el Mono Núñez empieza a gritar, era un bocón y gritaba. Llegamos en ese camión a Villa Floresta, se entra por un portón, nos bajan ahí, medio que zafamos. Y en ese momento viene uno al lado y me dice `¿Cómo te llamás? Te podés sacar la venda´. Nadie quería sacársela, porque eras boleta. El pobre de Bachi (Chironi) estaba destrozado, lo llevaron los compañeros porque no podía ni pararse y nos llevaron al pabellón 6 o 5´´.

Finalmente lo trasladaron a la cárcel de Rawson donde permaneció hasta recuperar su libertad el 20 de junio de 1978.

Más testimonios

Antes declaró Antonio Coria, empleado de la Universidad del Comahue en torno al caso que tuvo como víctima a Mónica Morán. Ambos compartieron tareas en la casa de altos estudios neuquina aunque no tuvieron relación entre ellos.

"Mónica Moran era una joven muy bonita, estaba vinculada a grupos de artistas, había sido la novia de un amigo de la resistencia peronista, que fue el que me informó cómo la asesinaron. De Mónica no sabía que militaba políticamente".

El sobreviviente de La Escuelita Armando Lauretti dio detalles de su cautiverio en el campo clandestino donde estuvo junto a Eduardo Chironi, Oscar Bermúdez, Julio Ruiz, Pablo Bohoslavsky y Rubén Ruiz, entre otros. También recordó los nombres de los policías de Viedma imputados en el juicio.