Desde el SUTPLA-CTA (Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria) adherido a la CTA de Río Negro, expresamos nuestro repudio a las declaraciones del Ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, publicadas por el portal digital ADN el día 31 de octubre pasado, donde se consigna que la situación de los motines en Viedma “se habría iniciado con participaciones que tienen que ver con cuestiones políticas dentro de la institución y este supuesto sindicato que se quiso armar”, en referencia a SUTPLA.
El Ministro de Gobierno falta a la verdad, afectando la honorabilidad y poniendo en riesgo la vida de todas las personas involucradas en esta organización que están en contexto de encierro, al mezclar indiscriminadamente lo sucedido en la Unidad Penal N° 1 con lo sucedido en la Alcaidía, y no podemos aceptar que se trata de una confusión de su parte, pues no desconoce que el SUTPLA-CTA solamente tiene afiliados en la Unidad Penal N°1 de Viedma, es decir, trabajadores que han sido condenados. El SUTPLA-CTA no acoge en su seno a personas procesadas, y que son alojadas en la Alcaldía, que es donde han sucedido en los últimos meses, motines, situaciones violentas, quema de colchones y fugas atribuibles a las situaciones de encierro infrahumanas. El Sr. Ministro, con su rango, no debería ignorar las consecuencias de sus declaraciones, que en la cultura carcelaria pueden tener un impacto impensado. Por lo tanto, lo hacemos responsable de cualquier deriva violenta, malos tratos y daños en la salud y riesgo contra la vida de todos y cada uno de nuestros afiliados.
El Gobierno de la Provincia de Río Negro ha reconocido al SUTPLA-CTA por intermedio del Acta-Acuerdo del 16 de Agosto del 2013, suscripta por el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Daniel Badie. En dicho acta el Gobierno de la Provincia de Río Negro reconoce numerosos problemas laborales de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria alojados en los establecimientos penitenciarios de la Provincia de Río Negro, tales como “la falta de tareas, las deplorables condiciones de trabajo, la falta de pago de salarios o la insuficiencia de dichos pagos, la inexistencia de medidas y elementos de seguridad e higiene laboral, la falta de cobertura frente a Riesgos del Trabajo, la falta de pago de las asignaciones familiares y la carencia de obra social, entre otros”.
El Ministro Di Giácomo con sus declaraciones busca chivos expiatorios, tanto en el SUTPLA-CTA como en las organizaciones de trabajadores penitenciarios, para ocultar su propia responsabilidad denunciada por muchos hábeas corpus presentados por los trabajadores privados de la libertad ambulatoria, las denuncias de los sindicatos de trabajadores penitenciarios, como así también, varios fallos judiciales que obligan a generar condiciones de dignidad en las cárceles.
Desde la creación del Servicio Penitenciario provincial (SPP), la Policía siempre tuvo su control. El nombramiento de comisarios para el Penal de Viedma y Cipolletti, denota un nuevo giro de la política de seguridad penitenciaria hacia el paradigma anterior. Creemos importante profundizar la reforma civil del servicio penitenciario. No es función, ni es parte de la formación policial la materia penitenciaria. Los resultados de la administración policial los tenemos a la vista con el listado de muertos, motines, fugas y agravamiento de las condiciones de encierro. La aplicación de la pena requiere agentes preparados en educación, formación laboral, cultural, socio-laboral, etc. Se necesita otra preparación y otra cultura institucional que no es la policial, cuya gestión del SPP es una de las causas de su fracaso histórico. De proseguirse en este camino, donde la policía controla los penales, el Estado rionegrino violaría las normativas internacionales en la materia.
La crisis penitenciaria no se resuelve negando los derechos a los trabajadores privados de la libertad ambulatoria, militarizando los penales y dificultando el acceso de las asociaciones civiles a los establecimientos. Esto nos coloca en el pasado neoliberal con respecto al problema de la seguridad penitenciaria, y agudizará aún más la crisis, que puede resolverse generando una mesa de trabajo donde participen los tres poderes del Estado, las organizaciones sindicales y las ONGs de DDHH para diagramar y discutir la política criminal provincial.
Las altas tasas de reincidencia demuestran que la cárcel es una de las causales de la inseguridad; y la única manera de bajar las tasas de reincidencia es a través de la inclusión social y la ampliación de derechos. Desde la creación del SPP, el Estado rionegrino jamás observó el cumplimiento del capítulo VII de la Ley nacional 24.660, que regula el cumplimiento de la ejecución de la pena y establece la sujeción de las relaciones laborales en contexto de encierro a la normativa laboral vigente, el pago del SMVM, los aportes jubilatorios y el cumplimiento de las leyes de riesgo del trabajo.
Para lograr una sociedad más segura es imperioso bajar las tasas de reincidencia.
Señalamos que los trabajadores privados de la libertad ambulatoria realizan trabajos sensibles y estratégicos para el desenvolvimiento cotidiano del SPP, como la elaboración de la comida para las más de setecientas personas que están detenidas así como también para el conjunto del personal, la limpieza de todas las dependencias y la recolección de basura, sin cuyo trabajo sería inviable la administración y el funcionamiento de estos establecimientos.
El SUTPLA-CTA se propone ayudar en la tarea de restituir derechos para atacar las causas de la inseguridad que genera la cárcel. Sólo con inclusión y formación socio-laboral podemos terminar con el flagelo de la inseguridad y bajar las tasas de reincidencia. La salida para resolver la crisis penitenciaria es el trabajo y la formación para el trabajo. Camino que ha sido marcado por el Gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner al abrir las puertas al funcionamiento del SUTPLA-CTA en el contexto del Servicio Penitenciario Federal.
Cristian Valenzuela, Sec. Gral. SUTPLA Viedma
Luis Giannini, Sec. Gral. CTA Río Negro.
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