Desde la CTA Rio Negro repudiamos categóricamente las amenazas recibidas por el Dr. Ruben Marigo, abogado defensor y querellante de varias causas judiciales que representan verdaderas luchas sociales contra el sistema autoritario de injusticia instaurado en Río Negro.El maltrato, el abuso y la violencia institucional que ejerce la policía, generalmente en beneficio del poder político y sus negocios, ha llegado a un punto culminante. Y frente al tesón de los familiares y las organizaciones sociales que luchan contra la impunidad, presentándose en la justicia, no dudan en acudir a los métodos a los que están acostumbrados: el apriete y la amenaza.
Resulta realmente asombroso que los ministros que avalan y aplauden a los jefes de esta brava policía, que nada tiene que envidiarle a la famosa "bonaerense" en sus peores épocas, hoy anden despreocupados de campaña política y no se hagan cargo de nada, como si no tuvieran también responsabilidades por las muertes impunes que ha producido la policia durante este año. Mientras los implicados en los gravísimos hechos, comenzando por el secretario de seguridad, van a la justicia a hacer lo mismo que los genocidas: negarse a declarar, sin siquiera cumplir con el deber de vindicarse que tiene todo funcionario público, según nuestra constitución. Es cierto que ejercen su derecho de no declarar contra sí, pero es el derecho que la policía que conducen, no le han respetado a mucha gente, sobre todo a los jóvenes Bonefoi, Carrasco, Cárdenas, Trafiñanco y Garrido, en los últimos seis meses.
Por todo ello, exhortamos al conjunto de la sociedad a expresarse y realizar un acto de dignidad, respaldando al juez Lozada, al abogado Marigo, a los familiares de estos jóvenes asesinados y a todas/os quienes luchan para que haya Justicia de una vez por todas en nuestra provincia.
Insistimos en la separación de sus cargos de Cufré y de Larreguy, pues son responsables políticos de los hechos de violencia institucional que se siguen sucediendo en Río Negro, lejos de terminarse.
Luis Giannini. Sec. Gral. CTA Río Negro. Jorge Molina. Sec. Gral. CTA Bariloche.
Bariloche (ADN).- El abogado de la APDH y de víctimas de casos vinculados con la fuerza policial, Rubén Marigo, denunció haber recibido amenazas telefónicas en su estudio jurídico donde una voz masculina le ordenaba dejar de involucrarse en un caso de apremios ilegales en el Penal 3 de Bariloche porque de manera contraria “van a aparecer en el lago”.
La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal de Atención Primaria y según relató Marigo a ADN el episodio se generó ayer alrededor de las 17 horas cuando su secretario del estudio jurídico atendió el teléfono y del otro lado una voz masculina le dijo: “Decile a Marigo que nos deje de joder con el tema Cifuentes sino van a aparecer los dos en el lago”.
La amenaza hizo referencia puntualmente al caso en el que el abogado es querellante por la feroz golpiza que recibió Eduardo Manis Cifuentes cuando se encontraba detenido en el Penal Nº 3 de Bariloche por la presunta retención de su nieto caso por el cual casualmente ayer fue notificado de haber sido procesado y con orden de prisión preventiva.
Sin embargo, Marigo atribuyó que la amenaza “no está relacionada directamente con el tema sino con todas las actuaciones”, en referencia a que es abogado de los familiares de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco (muertos el 17 de junio pasado en la represión de Bariloche), de la familia de Guillermo Garrido (el joven que apareció muerto en la comisaría de El Bolsón), de Cifuentes (golpeado en la unidad penal) y otros jóvenes que denunciaron apremios ilegales.
El abogado de la APDH señaló que la amenaza recibida ayer “toma un especial significado porque es el día que se presentó Cufré a la Justicia. Esto forma parte de un amedrantamiento a todo el equipo que trabaja por estos casos, a los familiares y a la multisectorial contra la represión policial que está actuando para que esto llegue a un fin correcto”.
Apuntó que se trata de “actitudes políticas de un grupo reaccionario” y dijo esperar que desde todos los sectores se repudie un hecho como este.
Respecto al caso puntual de Cifuentes (mencionado en la amenaza) la querella pidió que se procese a los tres agentes penitenciarios que ya prestaron declaración ante el juez Ricardo Calcagno, mientras que reclaman por un cuarto agente que aún no declaró porque no se pudo ubicar su paradero. (ADN)
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