martes, 22 de abril de 2014

Massaccessi no se hace cargo. Delicias de la "edición" periodística.

En su edición del día lunes 21 de abril el diario Noticias de la Costa, criticó con un titular de tapa que la legisladora provincial Susana Diéguez haya reflotado un proyecto que impulsamos desde la CTA Río Negro para reparar una histórica injusticia que se cometió contra trabajadoras/es de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Río Negro, perseguidos y escarmentados por intentar impedir la desaparición de nuestro banco provincial.   

Destacamos que este diario es propiedad de Horacio Massaccessi, ex gobernador de Río Negro entre 1987 y 1995, cuando la provincia explotó  en una crisis social y económica sin precedentes que se llevó puesto entre otros bienes comunes del pueblo rionegrino, el Banco de la Provincia de Río Negro, 
Dicha publicación mereció la réplica de las compañeras Gladys Elvira y María Isabel Carreras que en el día de hoy el diario de Massaccessi publica en forma recortada en su edición digital, aunque no en la impresa. 

Y qué es justamente lo que este medio recorta? Acertaron: Todas las menciones a la responsabilidad de Massaccessi en la destrucción del Banco Provincia de Río Negro que las compañeras en su nota mencionan. Desplegamos a continuación la Nota de Gladys Elvira y María Isabel Carreras completa y luego, más abajo la nota publicada por el diario Noticias de la Costa.  "Con la verdad no ofendo ni temo", decía Artígas. Seguro que molestamos bastante, pero no vamos a permitir que nos borren la historia que llevamos marcada en la piel de tantas/os compañeras/os que padecimos y luchamos desde nuestras propias organizaciones contra quienes destruyeron gran parte de lo que nuestros mayores construyeron.


NOTA ACLARATORIA SOBRE DICHOS VERTIDOS POR EL DIARIO NOTICIAS DE LA COSTA

En las circunstancias político-institucionales  azarosas que atraviesa nuestra provincia, descubrimos con asombro que el Diario Noticias de la Costa pretende jugar un rol protagónico en la disputa interna del Frente para la Victoria por la designación del Vicegobernador.
Amerita lo afirmado,  uno de los títulos de tapa del diario de este lunes: “Quieren que el Estado pague millonarios honorarios de abogados”, aludiendo al proyecto de Ley presentado por legisladores del Bloque del Frente para la Victoria en diciembre de 2012, a iniciativa de la CTA de Río Negro y los integrantes de la Comisión Gremial Interna Zona Atlántica del BPRN.

En principio, es necesario aclarar que el mencionado proyecto pasó a archivo respondiendo a los tiempos parlamentarios, de ninguna manera a su improcedencia, dado que tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y estaba en debate en la de Presupuesto, por lo cual no estaba olvidado.
Es la Legisladora Susana Diéguez, de larga militancia gremial y política, quién sostiene el compromiso asumido en agosto de 2012 de llevar adelante vías de acción tendientes a hacer cesar la injusticia y persecución de que somos objeto los representantes gremiales de los trabajadores del BPRN. En este sentido dicho proyecto de Ley    tiene como objeto una acción reparadora,  ya que fue el Estado a través de uno de sus poderes, el Poder Judicial, el que nos  produjo -en tanto representantes de los trabajadores y denunciantes del vaciamiento del Banco- un daño  a perpetuidad.

Vale entonces hacer  memoria de una historia que comienza en el año 1989 cuando desde la Comisión Gremial Interna comenzamos a denunciar las prácticas inescrupulosas y corruptas de los responsables de la conducción del Banco. Estas prácticas, con el tiempo llevarían a su vaciamiento - durante la gobernación de Horacio Massaccesi- y la posterior entrega al capital privado durante el gobierno de Verani.

A lo largo del proceso privatizador de 1991 a 1995  mientras el capital privado fue ganando en prerrogativas, los trabajadores pese a las diferentes acciones de resistencia y lucha vimos avasallados nuestros derechos laborales: reducción de puestos de trabajo, pérdida de estabilidad laboral y del derecho a la carrera bancaria, desconocimiento del convenio colectivo. Es interesante recordar, que en este contexto  el entonces gobernador Massaccesi, vetó los artículos de la Ley que garantizaban la estabilidad laboral para los empleados del BPRN, teniendo esta acción  como corolario la pérdida de más de 800 puestos de trabajo.
En febrero de 1996, quienes integrábamos la Comisión Gremial Interna, elegidos por nuestros compañeros y reconocidos por la Asociación Bancaria,   decididos a no ceder nuestra  responsabilidad como representantes del personal, nos  negamos a firmar la desvinculación exigida por los adquirentes y, en consecuencia, fuimos  despedidos por el gobierno provincial e indemnizados sin reconocimiento de nuestro carácter de representantes gremiales.
Así las cosas, iniciamos juicio por el reconocimiento de nuestros derechos. En junio de 1999 la Cámara del Trabajo dio curso parcial a nuestra demanda y  si bien nos impuso costas por la parte perdida, nos  eximió de efectivizarlas.
El 28 de noviembre de 2000 los jueces del Superior Tribunal de Justicia Balladini y Lutz, ratificaron  el fallo de la Cámara, pero objetaron lo resuelto respecto a la eximición de responder por las costas a los trabajadores. Esta fue  una actuación inédita,   puesto que hasta entonces por principio, el Superior Tribunal de Justicia no dirimía en cuestiones de imposición de costas. Lo que demuestra que  fue un fallo arbitrario y político, que venía a cerrar un proceso de disciplinamiento y escarmiento para con quienes éramos los representantes legítimos de los trabajadores.

Por lo tanto, este Proyecto presentado nuevamente por la Legisladora Diéguez  no hace más  que encarnar  la ruptura con el pasado neoliberal y aportar a  la construcción de un modelo de sociedad con mayor justicia, igualdad y expansión de derechos.

VIEDMA, 21 de abril de 2014.

Comisión Gremial Interna Zona Atlántica BPRN


María Isabel Carrera                                                            Gladys Elvira
DNI 16.180.247                                                                    DNI 12.382.667


ASI PUBLICA ESTA NOTA EL DIARIO NOTICIAS DE LA COSTA:


Provinciales
21-04-2014 20:30:52
Que el Estado pague costas a abogados es “una acción reparadora”
Defendieron el proyecto de Susana Diéguez. “El Estado nos produjo un daño a perpetuidad”, aseguraron.
(El proyecto Diéguez fue presentado nuevamente en la Legislatura)


Viedma. Ex empleadas del Banco Provincia de Río Negro (BPRN) señalaron que el proyecto de ley de la legisladora Susana Diéguez que establece que el Estado pague exorbitantes sumas a un estudio de abogados por un juicio perdido, se trata de “una acción reparadora”.
María Isabel Carrera y Gladys Elvira, ex integrantes de la Comisión Gremial Interna del BPRN, aseguraron que en 2012, el proyecto Diéguez pasó a archivo no por improcedente, sino porque agotó los tiempos parlamentarios.
Según las ex trabajadoras del banco estatal, que fueron despedidas en el marco de la privatización durante la primera gestión del gobernador Pablo Verani y a quienes no se reconoció su carácter de representantes gremiales a la hora de liquidar la indemnización, el fin que persigue el proyecto de Diéguez es “llevar adelante vías de acción tendientes a hacer cesar la injusticia y persecución de que somos objetos los representantes gremiales del BPRN”.
Señalaron que fue “el Estado, a través de uno de sus poderes (el Judicial) el que nos produjo un daño a perpetuidad”.

La historia
Carrera y Elvira recordaron que “en febrero de 1996 quienes integrábamos la Comisión Gremial Interna, elegidos por nuestros compañeros y reconocidos por la Asociación Bancaria, decididos a no ceder nuestra responsabilidad como representantes del personal, nos negamos a firmar la desvinculación exigida por los adquirientes y, en consecuencia, fuimos despedidos por el Gobierno provincial e indemnizados sin reconocimiento de nuestro carácter de representantes gremiales”.
Agregaron que iniciamos juicio por el reconocimiento de nuestros derechos y en junio de 1999 la Cámara de Trabajo dio curso parcial a nuestra demanda y si bien nos impuso costas por la parte perdida, nos eximió de efectivizarlas”.
Fue en 2000 que “los jueces del STJ Alberto Balladini y Luis Lutz ratificaron el fallo de la Cámara, pero objetaron lo resuelto respecto a la eximición de responder por las costas a los trabajadores”.


“Fue un fallo arbitrario y político”, definieron las ex empleadas, que resaltaron que el proyecto “no hace más que encarnar la ruptura con el pasado neoliberal y aportar a la construcción de un modelo de justicia, igualdad y expansión de derechos”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario