CARTA CONSTITUTIVA del Foro Por Una Seguridad Democrática en Río Negro

En el día 17 de diciembre de 2013,  en la ciudad de Viedma,  a partir de la convocatoria de la CTA de Río Negro se constituyen: Osvaldo Alonso profesor universitario y decano del CURZA, el Padre Luis García Rodríguez, Luis Giannini y Juan Hornak por la CTA de Río Negro, Mario Waldhorn por la Agrupación “Pocho Lepratti de ATE”, Vanda Ianowski docente del CURZA,  Walter Puebla Morón docente de la UNRN,  Cristian Valenzuela y Gastón Bosio por el SUTPLA-CTA, y deciden impulsar la creación del FORO POR UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN RÍO NEGRO (en adelante FSD-RN).

ANTECEDENTES

El FSD-RN tiene como antecedente mediato el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) impulsado por el CELS en el año 2009 y que ha sido refrendado por todo el arco político, social y sindical de la Argentina. Este Acuerdo contiene los lineamientos básicos que deben cumplir las políticas de seguridad en el marco de un contexto democrático. Se trata de un documento en el que han participado distintos actores del ámbito político, de la academia y de la sociedad civil. Se trata, en efecto, de una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. La filosofía que vehiculiza el Acuerdo tiene un conjunto de directrices claras; en este sentido, se parte de la premisa de que la políticas de seguridad democrática exigen una discusión abierta y pluralista que refleje los intereses colectivos de la sociedad y respete el marco de derechos y garantías consagrados en un Estado de Derecho.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

Asimismo, el FSD-RN tiene como antecedente inmediato, la carta que elaboró la CTA de Río Negro de fecha 14 de diciembre del 2013, y cuyo propósito inicial fue la realización de un análisis de la situación rionegrina, y que sirvió de base para la convocatoria a un Foro Intersectorial que se abocara al estudio, tratamiento y propuesta de una política de seguridad democrática para la Provincia de Río Negro.

PRINCIPIOS

En base a estos precedentes -que figuran como anexos de la presente-, sumado al debate originado en el día de la fecha, el FSD-RN se constituye a partir de los siguientes ejes o principios:

En primer lugar, el FSD-RN entiende que la DESIGUALDAD SOCIAL constituye la principal causa de delitos y está en el origen de la cultura punitiva.

En segundo lugar, una política de seguridad democrática debe de manera ineludible contemplar la PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONFORMACIÓN, GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE DICHAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

En tercer lugar, entendemos que una cultura punitiva es el producto de un tipo de sociedad basada en el individualismo insolidario. Por lo tanto para alcanzar el objetivo de mayor seguridad es fundamental desarrollar y promover prácticas asociadas al desarrollo de una CONCIENCIA SOLIDARIA y de una CULTURA MENOS CONSUMISTA a partir de un Estado activo en la regulación y el control del mercado.

Un cuarto eje lo constituye en el ejercicio de una CONSCIENCIA POPULAR CIUDADANA que implique el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y de todas las garantías reconocidas en las Leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

TEMARIO INICIAL DE PROPOSICIONES

Por lo tanto, el FSD-RN se constituye COMO LUGAR DE DEBATE, PROPUESTAS Y DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, y a tal efecto, iniciamos un temario tentativo de cuestiones que consideramos importantes -pero no excluyentes- comenzar a desarrollar y debatir:

1) PROYECTO DE LEY DE REMUNERACIONES PROVINCIALES SOLIDARIAS Y
 EQUITATIVAS: Frente a la grave distorsión salarial y el cúmulo de privilegios de algunos sectores del Estado, se está estudiando y trabajando en un proyecto de escala salarial provincial que regule las asimetrías
salariales en todos los poderes del Estado, generando mayor equidad y bases de igualdad en la propia sociedad.

2) OBSERVATORIO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: Frente a la falta de coordinación de los tres poderes del Estado ante al problema del delito, se está trabajando en la constitución de un ente interpoderes abierto a la participación de organizaciones civiles, para el debate, la elaboración y el control de gestión de las políticas de seguridad.

3) FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL: Frente a la grave crisis penitenciaria y a las restricciones presupuestarias anunciadas para el año entrante, entendemos prioritario garantizar la independencia y autonomía de los organismos de control. Se pone a disposición y consideración de todas/os el proyecto de reforma del Comité contra la Tortura de Río Negro que fuere oportunamente presentado por la CTA-RN a la Diputada del FPV, Susana Dieguez.

4) PROYECTO DE UN SISTEMA DE ENCUESTAS Y RELEVAMIENTO DE INDICADORES PROVINCIALES: El diseño de políticas democráticas en seguridad requiere imperiosamente la necesidad de información veraz y accesible a todas las agencias e instituciones involucradas en la materia para la elaboración de diagnósticos certeros.

5) DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL FSD-RN: Participación en proyectos de extensión universitaria y la constitución de un programa de cátedras libres, y cualquier otro tipo de actividad que propulse las actividades contempladas en esta Carta Constitutiva. Apertura programada de los Foros en las ciudades de Gral. Roca para el 20 de diciembre 2013, y en la Ciudad de Bariloche en fecha a definir.

6) CAMPAÑA DE ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL FSD-RN: Convocar a todas las organizaciones, iglesias, cultos, universidades, asociaciones civiles, agrupaciones, sindicatos, estudiantes, trabajadores, y al pueblo de Río Negro en general, a adherir a la presente Carta Constitutiva del FSD-RN, como asimismo, a participar activamente del mismo.

Ciudad de Viedma, Pcia. de Río Negro, 17 de diciembre, 2013.-

ANEXO I:  Acuerdo por una Seguridad Democrática


Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1. El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2. El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3. Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4. Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente
demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango
normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8. El papel de la justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.

9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.