Desde la CTA Río Negro expresamos
nuestra preocupación por la grave situación institucional que ha generado la
rebelión policial iniciada en Córdoba y cuya resolución extorsiva y cobarde por
parte del gobierno cordobés ha generado
el efecto "cascada" en distintas provincias de la Argentina,incluida
la de Río Negro.
La violencia institucional, junto con
la violencia de género, es uno de los mayores problemas que
tiene nuestro país. En esta cuestión
las fuerzas policiales, junto con varios jueces y políticos,
tienen un protagonismo notable,
consecuencia de no haberse logrado la profesionalización y sujeción verdadera
de la policía a las autoridades democráticas y al respeto por valores éticos esenciales,
los derechos elementales de las personas y los valores democráticos que
ciertamente muy pocos efectivos policiales conocen y practican.
Por este motivo repudiamos la
extorsión y la utilización de la fuerza que detentan los grupos de
policías que se autoacuartelan o
utilizan sus atributos de poder real para manifestarse, así como el
momento político institucional que
elijen para hacerlo, con los rumores o intentos de saqueos que
han producido un importante temor en
muchos sectores de la población, al calor del fogoneo realizado por los grandes
medios de desinformación y algunos sectores mafiosos de la política. Es como si
un médico o una enfermera se declararan en huelga en el momento de atender una
emergencia de salud frente a un paciente que teme por su vida o frente a una
catástrofe que afecta a un grupo de población. Nadie dudaría en calificar a eso
de extorsión y no de reclamo gremial.
En este mismo sentido nos asombra pero
no nos preocupa ver a policías tocando el bombo, cortando calles, quemando gomas, ocupando el patio de
la gobernación o haciendo caravanas con vehículos, pues es algo que muchos
trabajadores hemos hecho durante largos años para defender nuestros derechos laborales,
realmente vulnerados y siendo reprimidos por esta misma policía, al comando de
los gobiernos que tan bien se sirvieron de ella para someternos, despedirnos y
hambrearnos.
Lo que sí preocupa y mucho es verlos
hacer estas medidas en grupo munidos de sus uniformes y sus armas
reglamentarias o escuchar que han usado los patrulleros o las herramientas de
comunicación policial para protestar. Si en la provincia de Río Negro han
sucedido estas cosas, esperamos que prontamente las autoridades públicas tomen
medidas de investigación al respecto no sólo contra los policías sino también
contra las autoridades políticas que supieron de estos hechos y no hicieron nada
para impedirlos o sancionar a quienes los cometieran. Nos referimos
puntualmente al jefe de policía y al
ministro de Gobierno, quien ha declarado que toda la protesta fue dentro
de la ley y que lograron un acuerdo histórico, que seguro lo es para la policía
por los beneficios que han obtenido tan velozmente, seguramente merecidos, pero
que se constituirán en un privilegio sino tienen un correlato similar para el
conjunto de la clase trabajadora pública provincial.
Ningún grupo de ciudadanos de Río
Negro podría marchar vestidos de policía y con armas en su cintura reclamando
por sus derechos laborales o utilizar ambulancias o vehículos oficiales para
hacer caravanas de protesta, sin ser señalados por las autoridades como
sediciosos y reprimidos
inmediatamente por la policía.
Por esta razón reclamamos a las
autoridades de la provincia de Río Negro que, a tono con la
expresión pública de un importante
grupo de diputados nacionales de casi todas las fuerzas políticas que integran
el Congreso Nacional, repudien claramente la acción extorsiva de las fuerzas
policiales en todo el país, comenzando a modificar su relación condescendiente
con la rionegrina,
clarificando varias situaciones de
violencia institucional que duermen en el poder judicial
(asesinatos de Bariloche de junio
2010, de Coco Garrido, desaparición de Daniel Solano,etc.) y
ejerciendo una verdadera autoridad
democrática que es evidente que ni el ministro de gobierno ni el jefe de
policía han podido ejercer, pues hace un tiempo que abandonaron el intento de
gobernarla desde el poder político, dándoles cada vez más espacios de poder
como ocurrió en los penales, donde las fugas han servido para devolver el poder
a quienes antes se consideró responsables de graves episodios de violencia,
represión y corrupción.
También les reclamamos una acción
política decidida para contener a todos los sectores sociales que siguen
padeciendo la pobreza y la desigualdad social en la provincia y que hoy se ven
afectados por estos sucesos, así como una adecuada respuesta a los miles de
trabajadores que hoy reclaman igualdad de derechos a un salario justo como lo
han logrado los policías.
Por último y como cuestión fundamental
advertimos que sería muy terrible que una policía fortalecida por esta
conquista crea que tendrá impunidad para reprimir a sus objetivos preferidos: los
pibes pobres de nuestros barrios humildes. Que los buenos salarios, los
uniformes nuevos y los incentivos signifiquen que se los vea seguido en las
calles haciendo prevención y cuidándonos a todos los habitantes y no a unos más
que a otros. No queremos volver a marchar por nuevos crímenes derivados de la
violencia institucional.
Néstor Silva, Secretario General CTA
Beltran
Bárbara Palumbo, Secretaria Adjunta
CTA Cipolletti
Jorge Molina, Secretario General CTA
Bariloche
Emiliano Sanhueza, Secretario Gremial
CTA Río Negro
Marta Vidal, Secretaria Adjunta CTA
Río Negro
Luis Giannini, Secretario General CTA
Río Negro.
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