Se conformó la agrupación DEMOCRACIA SINDICAL TRABAJADORES DEL S.T.I.H.M.P.R.A

Con el propósito de alentar el debate con criterios, los derechos del trabajador y la libertad sindical, la solidaridad y que no existan mezquindades, hoy tenemos que lograr un giro rotundo para hacerles ver a los dirigentes que el deber y la responsabilidad de un dirigente sindical es mantener el dialogo abierto con sus afiliados, no la negación como esta sucediendo actualmente.

Desde esta agrupación convocaremos ampliamente a todos los Delegados gremiales y trabajadores a participar en el reclamo por el trabajo INSALUBRE resolución 820/99 firmada por Alejandro Betelu, entonces  Sub-secretario de trabajo de la Provincia de Rio Negro, donde hace mención además del decreto nacional 6969/46 que con solo ingresar a una cámara con 0º grado centígrado ya es trabajo insalubre.

Hay un proyecto ley que ya esta en el Senado de la Nación confeccionado por la actual dirigencia del Sthimpra, para que nos jubilemos a los 55 años de edad con los últimos 12 años de servicio efectivo en el frío y de firmarse entraría en vigencia al cuarto año, los Delegados hemos realizado gestiones ante los Legisladores y Diputados Nacionales para que revean los puntos mencionados, de lo contrario solo se jubilarían a los 55 años los choferes autoelevadoristas y que sean efectivos.

Tenemos nuestra obra social, a la que siempre se mencionó como un sistema solidario de salud. Hoy se encuentra deficitaria, esto hace que no tengamos una respuesta satisfactoria a las prestaciones asistenciales médicas por encontrarse en manos de dirigentes con actitudes insensibles como Modesto Martin, Rolando Troncoso y el socio por conveniencia Daniel Camera, de tal manera que muchos trabajadores tuvimos que hacer el traspaso a otras obras Sociales, e incluso dirigentes de la actual conducción, también han hecho el traspaso cuando en realidad deberían quedarse a defenderla, sabiendo que nuestra obra social es patrimonio sagrado para preservar la salud del trabajador y su grupo familiar.

Rafael Gonzales Cárdenas                                                   José Hurtado         

La CTA no está en silencio ni de vacaciones

Desde la CTA Río Negro expresamos que no estamos en silencio ni de vacaciones frente a los graves conflictos que vive la provincia desde que sucedió la rebelión policial que conmovió al país entero, a comienzos de diciembre.  Hasta ese momento todo parecía en calma, siendo la más importante preocupación de los estatales rionegrinos el cobro del aguinaldo antes de las fiestas, algo que volvió a suceder por segunda vez en 30 años de democracia, luego de semejante crisis.

Algunos, como en nuestro caso desde la CTA,  sí estábamos muy preocupados por el creciente dominio y autogobierno de la cúpula policial en las estructuras de seguridad y carcelarias de la provincia de Río Negro, puntualmente desde que llegó al poder el ministro Di Giácomo, destrozando todo armado institucional que pretendiera construir una Seguridad Democrática en la provincia. Algo que expresamos en varias oportunidades antes de diciembre, sobre todo luego de la constitución del SUTPLA - CTA en agosto. Así lo expresamos cuando se sucedieron varias salvajes represiones y maltratos en las cárceles, gran cantidad de extrañas fugas y otras circunstancias, en el contexto de la impunidad que logran en el poder judicial rionegrino los graves crímenes que tienen como protagonistas a sectores policiales, como los crímenes de Bariloche de junio de 2010, el de Coco Garrido o la desaparición de Daniel Solano, entre otros. 

El 9 de diciembre, desde la CTA Río Negro difundimos un documento condenando la rebelión policial en todo el país y en nuestra provincia también, repudiando el escandoloso festejo de algunos funcionarios, luego de su claudicación frente a la extorsión policial, que redundó en muchos más beneficios para la cúpula policial que para los agentes de abajo.

En dicho documento, reclamamos al gobierno provincial que se expresara en defensa de las instituciones democráticas, que habilitara la negociación paritaria como "adecuada respuesta a los miles de trabajadores que hoy reclaman igualdad de derechos a un salario justo como lo han logrado los policías".  En ese mismo contexto reclamamos una adecuada respuesta política y no represiva "para contener a todos los sectores sociales que siguen padeciendo la pobreza y la desigualdad..."

A partir de ese momento vimos cómo algunos dirigentes de gremios estatales llamaban a seguir el camino de los policías, tomándolos como vanguardia de la lucha de los estatales, como si los trabajadores pudiéramos reclamar con los mismos métodos y atributos de poder que este sector utilizó para conseguir una respuesta tan rápida y contundente, debilitando claramente las instituciones democráticas que todos debemos defender y sostener.  No nos sumamos a ese planteo ni lo haremos jamás porque creemos que ese es el límite. No llegamos a hacerlo cuando nos adeudaban varios meses de sueldo, cuando teníamos las antigÜedades congeladas, la zona desaparecida y nos echaban a miles de compañeros a la calle y del aguinaldo nadie tenía noticia alguna en varios meses y hasta años. En esa época estuvimos mucho en las rutas, en las calles y los edificos públicos, porque teníamos gobiernos que nos maltrataban y violaban todos los derechos en grado extremo. No creemos que hoy se viva la misma situación, aunque respetamos todos los reclamos que se hacen con justa razón y entendemos la bronca que generó en muchos estatales el resultado de la extorsión policial, aunque nos privamos de producir una respuesta demagógica que nada construye para el futuro. 

Estamos dispuestos a acompañar y hacer propias todas las justas luchas que no signifiquen ser furgones de cola de ningún sector antidemocrático. Consideramos que hay muchas cosas para cambiar y mejorar, siempre en el camino de sostener las instituciones democráticas y de impedir el avance de los sectores políticos de la derecha neoliberal que hoy golpea a cada instante a nuestra sociedad, pretendiendo que todo está peor y así preparan su retorno al poder que vendrá con devaluaciones, rebajas de salarios y derechos, despidos y desocupación, como fue en los 90. 

Lamentamos con tristeza el profundo silencio y falta de condena a la rebelión policial por parte de la dirigencia sindical que ahora nos cuestiona este supuesto silencio que no es tal. 

También lamentamos su no asistencia a la convocatoria pública que hicimos el 17 de diciembre en Viedma y el 20 de diciembre en Fiske Menuco, para constituir un Foro por una Seguridad Democrática, donde con distintos sectores sociales, gremiales y políticos hemos comenzado a debatir la grave situación institucional que vivimos, entendiendo como  sus principales causas a la desigualdad social y a la falta de una justicia y una seguridad democráticas. Justamente en dichos debates hemos comenzado a delinear algunas propuestas importantes, como la reforma de la ley del comité contra la tortura, la sanción de una ley de remuneraciones que tome como principio básico que nadie cobre del Estado, por todo concepto, en materia salarial, más de 8 veces de lo que cobra el estatal que menos gane en la provincia, abarcando en ella a "todos" los poderes y sectores del Estado, definiendo la incompatibilidad de cargos y funciones de ciertos profesionales que trabajan en el Estado y siguen cobrando "honorarios", aún cuando realizan tareas vinculadas a su propia función o tienen superposiciones de tareas y horarios en sus actividades estatales y privadas.

Sostenemos el mismo compromiso de siempre con los derechos sociales del conjunto del pueblo rionegrino, por eso seguimos trabajando por el derecho a la tierra de pequeños crianceros y productores, contra la precarización laboral de nuestra clase, tanto en el sector público como en el privado, por el pleno respeto a la libertad sindical en todos los sectores de trabajadores, incluidos los que están privados de su libertad o son víctimas de distintas formas de trabajo esclavo. Y por supuesto con la plena disposición de hacer nuestras todas las luchas de los estatales, cuando sean genuinas y no se desarrollen como variables desestabilizadoras a favor de la derecha mediática, política o policial.

Luis Giannini, Secretario General de la CTA Río Negro. 

CARTA CONSTITUTIVA del Foro Por Una Seguridad Democrática en Río Negro

En el día 17 de diciembre de 2013,  en la ciudad de Viedma,  a partir de la convocatoria de la CTA de Río Negro se constituyen: Osvaldo Alonso profesor universitario y decano del CURZA, el Padre Luis García Rodríguez, Luis Giannini y Juan Hornak por la CTA de Río Negro, Mario Waldhorn por la Agrupación “Pocho Lepratti de ATE”, Vanda Ianowski docente del CURZA,  Walter Puebla Morón docente de la UNRN,  Cristian Valenzuela y Gastón Bosio por el SUTPLA-CTA, y deciden impulsar la creación del FORO POR UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN RÍO NEGRO (en adelante FSD-RN).

ANTECEDENTES

El FSD-RN tiene como antecedente mediato el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) impulsado por el CELS en el año 2009 y que ha sido refrendado por todo el arco político, social y sindical de la Argentina. Este Acuerdo contiene los lineamientos básicos que deben cumplir las políticas de seguridad en el marco de un contexto democrático. Se trata de un documento en el que han participado distintos actores del ámbito político, de la academia y de la sociedad civil. Se trata, en efecto, de una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. La filosofía que vehiculiza el Acuerdo tiene un conjunto de directrices claras; en este sentido, se parte de la premisa de que la políticas de seguridad democrática exigen una discusión abierta y pluralista que refleje los intereses colectivos de la sociedad y respete el marco de derechos y garantías consagrados en un Estado de Derecho.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

Asimismo, el FSD-RN tiene como antecedente inmediato, la carta que elaboró la CTA de Río Negro de fecha 14 de diciembre del 2013, y cuyo propósito inicial fue la realización de un análisis de la situación rionegrina, y que sirvió de base para la convocatoria a un Foro Intersectorial que se abocara al estudio, tratamiento y propuesta de una política de seguridad democrática para la Provincia de Río Negro.

PRINCIPIOS

En base a estos precedentes -que figuran como anexos de la presente-, sumado al debate originado en el día de la fecha, el FSD-RN se constituye a partir de los siguientes ejes o principios:

En primer lugar, el FSD-RN entiende que la DESIGUALDAD SOCIAL constituye la principal causa de delitos y está en el origen de la cultura punitiva.

En segundo lugar, una política de seguridad democrática debe de manera ineludible contemplar la PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONFORMACIÓN, GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE DICHAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

En tercer lugar, entendemos que una cultura punitiva es el producto de un tipo de sociedad basada en el individualismo insolidario. Por lo tanto para alcanzar el objetivo de mayor seguridad es fundamental desarrollar y promover prácticas asociadas al desarrollo de una CONCIENCIA SOLIDARIA y de una CULTURA MENOS CONSUMISTA a partir de un Estado activo en la regulación y el control del mercado.

Un cuarto eje lo constituye en el ejercicio de una CONSCIENCIA POPULAR CIUDADANA que implique el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y de todas las garantías reconocidas en las Leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

TEMARIO INICIAL DE PROPOSICIONES

Por lo tanto, el FSD-RN se constituye COMO LUGAR DE DEBATE, PROPUESTAS Y DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, y a tal efecto, iniciamos un temario tentativo de cuestiones que consideramos importantes -pero no excluyentes- comenzar a desarrollar y debatir:

1) PROYECTO DE LEY DE REMUNERACIONES PROVINCIALES SOLIDARIAS Y
 EQUITATIVAS: Frente a la grave distorsión salarial y el cúmulo de privilegios de algunos sectores del Estado, se está estudiando y trabajando en un proyecto de escala salarial provincial que regule las asimetrías
salariales en todos los poderes del Estado, generando mayor equidad y bases de igualdad en la propia sociedad.

2) OBSERVATORIO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: Frente a la falta de coordinación de los tres poderes del Estado ante al problema del delito, se está trabajando en la constitución de un ente interpoderes abierto a la participación de organizaciones civiles, para el debate, la elaboración y el control de gestión de las políticas de seguridad.

3) FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL: Frente a la grave crisis penitenciaria y a las restricciones presupuestarias anunciadas para el año entrante, entendemos prioritario garantizar la independencia y autonomía de los organismos de control. Se pone a disposición y consideración de todas/os el proyecto de reforma del Comité contra la Tortura de Río Negro que fuere oportunamente presentado por la CTA-RN a la Diputada del FPV, Susana Dieguez.

4) PROYECTO DE UN SISTEMA DE ENCUESTAS Y RELEVAMIENTO DE INDICADORES PROVINCIALES: El diseño de políticas democráticas en seguridad requiere imperiosamente la necesidad de información veraz y accesible a todas las agencias e instituciones involucradas en la materia para la elaboración de diagnósticos certeros.

5) DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL FSD-RN: Participación en proyectos de extensión universitaria y la constitución de un programa de cátedras libres, y cualquier otro tipo de actividad que propulse las actividades contempladas en esta Carta Constitutiva. Apertura programada de los Foros en las ciudades de Gral. Roca para el 20 de diciembre 2013, y en la Ciudad de Bariloche en fecha a definir.

6) CAMPAÑA DE ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL FSD-RN: Convocar a todas las organizaciones, iglesias, cultos, universidades, asociaciones civiles, agrupaciones, sindicatos, estudiantes, trabajadores, y al pueblo de Río Negro en general, a adherir a la presente Carta Constitutiva del FSD-RN, como asimismo, a participar activamente del mismo.

Ciudad de Viedma, Pcia. de Río Negro, 17 de diciembre, 2013.-

ANEXO I:  Acuerdo por una Seguridad Democrática


Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1. El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2. El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3. Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4. Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente
demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango
normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8. El papel de la justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.

9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Declaración del Plenario Nacional de la CTA 16-12-2013

 El lunes 16 de diciembre, se realizó un Plenario Nacional de la CTA en la sede de la calle Piedras. Participaron los miembros de la Mesa Nacional y los Secretarios Generales de las distintas provincias, quienes luego de debatir la coyuntura nacional tras el conflicto policial, acordaron emitir la siguiente declaración:

Cuando los argentinos nos encaminábamos a festejar los treinta años de democracia ocurrió lo de Córdoba. Esa verdadera sedición policial montada sobre reclamos legítimos pero con métodos inadmisibles como los robos y el vandalismo que comenzaron en un barrio de agentes policiales y luego se extendieron en las zonas liberadas para el delito por la ausencia de la fuerza pública. El papel del gobernador De la Sota resultó tan lamentable como estimulador para el accionar concatenado de otras policías provinciales. Cedió ante la extorsión de los uniformados y, tras hacerlo, culpó al gobierno nacional.

En otras provincias como Tucumán y Catamarca la población indefensa vivió horas de angustia en medio de un clima turbulento. Los hechos vividos en estos días son muy similares a los que en Ecuador, Bolivia y Paraguay pusieron en vilo a la democracia y las autoridades electas. No es casualidad, se trata de la misma matriz desestabilizadora con que los grupos de poder más reaccionarios embisten contra los gobiernos que ellos despectivamente denominan populistas.

Mas allá del daño y de las pérdidas materiales que ocasionó el vandalismo, hay que lamentar un saldo trágico de más de diez muertos. Todo en el mismo momento en que los argentinos nos preparábamos a festejar con orgullo tres décadas ininterrumpidas de democracia. Tampoco es casual el momento elegido, como no lo es el hecho de que en vísperas de la conmemoración de los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001 haya quienes pretendan estimular y alentar nuevos actos desestabilizadores. Pretenden generar un clima de inestabilidad democrática y de violencia exacerbada como si la realidad de este país fuese la misma que vivíamos en aquellas desgraciadas épocas en que unos pocos se llenaban los bolsillos a costa de los millones de argentinos que estábamos acorralados por el hambre y por la desazón. Ese gobierno del 2001 estaba de espaldas a su pueblo y de rodillas frente a los grupos del poder económico internos y externos. Por eso su única respuesta fue, con el pueblo en la calle, reprimir y declarar el Estado de Sitio.

Hoy es a la inversa, son los grandes grupos del poder económico y la derecha los que quieren que este gobierno no termine su mandato. Para ello utilizan los grandes medios de comunicación que mienten y fomentan el odio. Para ello también echan mano de un recurso mucho más artero que es fomentar la guerra de pobres contra pobres. De eso se trata el vandalismo, el pillaje y toda otra forma de violencia ejercida contra los más débiles. Lamentablemente para ello cuentan con el aporte de patrullas perdidas del campo popular que en su extravío terminan haciéndole el juego a los que quieren volver a la Argentina de la devaluación, la desocupación, los salarios congelados y la represión.

El problema que tienen es que la inmensa mayoría de los trabajadores organizados no compramos espejitos de colores. Sabemos todo lo que hemos conquistado y todo lo que debemos defender. Así como también sabemos todo lo que todavía falta para que podamos decir que en la Argentina desterramos definitivamente la indigencia y la desigualdad social. Pero ello sólo será posible con más democracia y con más protagonismo organizado de los trabajadores para profundizar el rumbo iniciado en el 2003 con Néstor Kirchner.

Por todo lo expuesto resolvemos:

1) Plantear la necesidad de que los gobiernos provinciales -coordinados por el gobierno nacional- encaren la reforma de las estructuras policiales para desterrar los vestigios de las lógicas autoritarias heredadas de la dictadura como así también los vínculos oscuros de connivencia con el crimen. Esto requiere profundos cambios que permitan terminar con el autogobierno policial y garantizar que aquellos que quieran desarrollar su tarea a conciencia, lo puedan hacer en condiciones dignas y con retribuciones justas.

2) Participar de la iniciativa que promueve el CELS, convocando asimismo en todas las provincias a otras expresiones y organizaciones de la sociedad, para revitalizar el Acuerdo por una Seguridad Democrática.

3) Impulsar el debate en torno a la propuesta de sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad. Entendemos que dicha sindicalización permitirá establecer canales institucionales, que hoy no existen, para gestionar demandas legítimas y, además, acotar los alcances del conflicto laboral para evitar posicionamientos extorsivos y prácticas que ponen en vilo a las instituciones democráticas. Esta sindicalización constituye a su vez un paso complementario a la imprescindible depuración de una estructura permeada por la connivencia con el crimen de una buena parte de su cúpula.

4) La convocatoria en todo el territorio de nuestro país a las organizaciones gremiales hermanas, a los organismos de derechos humanos, al movimiento social y a las distintas fuerzas organizadas para expresar en unidad el compromiso de los sectores populares con la defensa y profundización de la democracia.
El año 2014 tiene que ser la oportunidad para que los argentinos podamos dar nuevos pasos en el camino de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de abrirle horizontes de trabajo y estudio a nuestros jóvenes, de incorporar al trabajo con derechos y con salario digno a los que no están registrados, de mejorar los ingresos y las condiciones de vida de activos y jubilados. No es verdad que no sea posible. No es verdad que el único camino sea resignarnos a que otra vez nos gobiernen los que hicieron de un país rico una tierra de miseria y exclusión.

Por la Comisión Ejecutiva Nacional Hugo Yasky Secretario General CTA

Convocatoria al Foro por una Seguridad Democrática

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL

"FORO POR UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE RIO NEGRO"

Desde la CTA-Río Negro convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas, estudiantes, trabajadoras/es y en general al pueblo de Río Negro a reunirnos el próximo martes 17 de diciembre en la sede del CURZA a las 18hs. para debatir, hablar, intercambiar experiencias y constituir un colectivo intersectorial, abierto y participativo para debatir los ejes de una política de seguridad democrática en nuestra provincia.

Este llamado tiene relación con la preocupante escalada punitiva o giro a la derecha que ha dado nuestro gobierno provincial, con declaraciones y con decisiones alejadas del ideario de igualdad y participación democrática en materia de seguridad.

Todo comienza con la negativa del Gobernador a la viabilidad de algunos proyectos que el equipo nombrado a propuesta de Nilda Garré propuso para la gestión de la seguridad. A partir de ese momento, la “gestualidad de una seguridad democrática”comenzó a diluirse en el gobierno. Sobre todo con el nombramiento de Di Giácomo como Ministro de Gobierno. Se impulsaron tratamientos en lugares cerrados para jóvenes con adicción (1), llevándose por delante la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, algo que no prosperó porque personal de la Dirección Nacional de Salud Mental, vino a explicar que la ley lo prohíbe.

Se siguió con la derogación del Decreto 649/2012 que, según una norma similar nacional, instaló un protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles para evitar los enfrentamientos entre ocupantes y policía, utilizando la mediación y la intervención coordinada de varios organismos del Estado. El Decreto 076/2013 que lo reemplazó está fundamentado en argumentos falaces, ya que su antecedente nacional está vigente hasta la fecha, y a nivel provincial la norma fue aplicada en Beltrán con resultados positivos.

Días después la procuradora Liliana Piccinini estableció la Resolución Instrucción Gral. N° 001/13/PG, que obliga a los fiscales a perseguir la acción penal hasta sus últimas consecuencias, y prevé la prosecución de la acción penal para los funcionarios policiales que se nieguen a cumplir la orden de desalojo. El posterior nombramiento de Piccinini como vocal del Superior Tribunal de Justicia, constituye un reforzamiento del ya consolidado perfil conservador del poder judicial rionegrino.

Este mismo tribunal, en absoluta concordancia con esta escalada punitiva, resuelve mermar drásticamente las facultades del único juez de ejecución penal de la provincia suspendiendo las astreintes por demoras, esgrimiendo un argumento totalmente falaz, mendaz y constitutivo de violencia institucional si tenemos en cuenta el abandono, el deterioro y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que transcurren a diario en los penales provinciales. El fallo dice expresamente: "Quien tiene la competencia para supervisar la política criminal y el funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial, considerado en su conjunto o sobre sus aspectos esenciales, es el Superior Tribunal de Justicia"

Otro mojón del liberal-punitivismo fue “el mapa del delito” difundido por el Gobernador, violando los derechos y garantías de las personas, en particular, el sagrado principio de inocencia.

Pasaron pocos días de aquella presentación y, luego de una serie sucesiva de fugas "incomprensibles" de los penales provinciales, el Gobernador decide “restablecer la cadena de mando” en los penales, dándole el control de los establecimientos penitenciarios a la policía, violando las normas provinciales vigentes en la materia, pero sobre todo, llevándose por delante la normativa internacional.

Graves son las consecuencias de estas decisiones al interior de los penales. Volvieron, y con poder, policías que habían sido desplazados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violaciones a los DDHH, vejámenes, golpes, lesiones, etc. Hay más golpes, las requisas son más violentas, y las reestricciones, los abusos y las violaciones de los derechos son cotidianas.

El último peldaño fueron las desafortunadas declaraciones sobre el “garantismo estúpido” que si las relacionamos con el estancamiento que sufren las causas penales que hay en la provincia por los crímenes de los jóvenes de Bariloche, Cárdenas y Carrasco, así como el de Coco Garrido en El Bolsón y la desaparición de Daniel Solano, completan un perfil que explica muy bien, desde la postura de un Poder Judicial clasista que debe democratizarse en forma urgente, pero también desde la postura del Ejecutivo, el avance hacia el autogobierno de la policía de Río Negro que, por su accionar pasado y presente no parece muy diferente a las policías de otras provincias, cuya población ya entendió muy bien que no están para protegerlas sino para violentarlas por vía de la tolerancia (zonas liberadas) o la regulación del crímen organizado, por vía de la represión o por vía de la extorsión para sostener sus privilegios, como quedó demostrado el pasado fin de semana en todo el país.

Lamentamos que los últimos acontecimientos que se sucedieron después de la crisis desatada por la Policía de la Provincia de Córdoba, nos den la razón a quienes venimos alertando de la implementación de estas políticas. Desentenderse de ciertos “mercados”, y dárselos a la policía para su manejo “informal” tiene a mediano y largo plazo consecuencias gravísimas. Las fuerzas policiales deben estar sometidas al control político y urge realizar una profunda reforma democrática de las fuerzas de seguridad; fundamentalmente de la policía.

La experiencia argentina y latinoamericana advierte que, como dice la gran mayoría de los especialistas en la materia, entre ellos Zaffaroni, “Hoy los golpes tienden a darlos las policías” como ocurrió en Ecuador y en Paraguay o en varios momentos de nuestra historia, donde la acción salvaje y criminal de la policía pretende cambiar o cambia la institucionalidad política (2001, 2002, Indoamericano, etc). Este reclamo en cadena de varias policías provinciales, en el mismo momento donde el rito de los saqueos se instaló como práctica de fin de año, debe llamarnos a la alerta y a la reflexión. No podemos permitir este tipo de apriete y de amenaza de desestabilización al sistema democrático.

Como todos sabemos, la mala noticia es que esta derechización responde también a un clima cultural -de fuerte raigambre neoliberal- generado por los medios hegemónicos de comunicación y gran parte de sectores de la sociedad civil que creen en la criminalización del conflicto social y terminan alimentando el entramado mafioso de fuerzas de seguridad que construyen la justificación de su existencia, expasión y poder creciente, alimentando precisamente el delito y la inseguridad.

En este sentido, esta convocatoria es un llamado a la reflexión y autocrítica de todos aquellos que no estamos encuadrados en esta deriva liberal punitiva y que hemos trabajado para consolidar una sociedad igualitaria, y rechazando el encierro como respuesta. En este sentido, debemos comenzar a debatir sobre la necesidad de armar un espacio que genere un discurso contra-hegemónico al discurso punitivo, y que elabore propuestas concretas, superadoras de las recetas que la derecha siempre ha dado al problema de la pobreza y la desigualdad social.

Por todas estas razones, es que desde la CTA-Río Negro invitamos a generar un espacio abierto que proponemos denominar FORO POR UNA SEGURIDAD DEMOCRATICA EN RIO NEGRO, para debatir y proponer soluciones alternativas a estas cuestiones e intervenir en la agenda pública.

Somos receptivos de la cantidad de compañeras/os dispersas/os, hablando de lo mismo, con las mismas preocupaciones, con muchas propuestas e ideas, pero desaprovechando las potencialidades que tienen los espacios colectivos. Demás está decirles que se trata de una convocatoria a todas/os quienes puedan aportar ideas e interesarse, por lo tanto repliquen la invitación a quienes estimen conveniente y pertinente invitar.

En el marco de esta convocatoria, lanzaremos también otra convocatoria en el Alto Valle, Bariloche y la Zona Sur de nuestra provincia.

Vean lo del Cels aquí: http://www.radionacional.com.ar/politica/56768-horacio-verbitsky-dijo-que-la-nacion-y-las-provincias-deben-trabajar-en-un-enfoque-democratico-de-la-seguridad.html

La CTA Río Negro frente a la rebelión policial.

Desde la CTA Río Negro expresamos nuestra preocupación por la grave situación institucional que ha generado la rebelión policial iniciada en Córdoba y cuya resolución extorsiva y cobarde por  parte del gobierno cordobés ha generado el efecto "cascada" en distintas provincias de la Argentina,incluida la de Río Negro.

La violencia institucional, junto con la violencia de género, es uno de los mayores problemas que

tiene nuestro país. En esta cuestión las fuerzas policiales, junto con varios jueces y políticos,

tienen un protagonismo notable, consecuencia de no haberse logrado la profesionalización y sujeción verdadera de la policía a las autoridades democráticas y al respeto por valores éticos esenciales, los derechos elementales de las personas y los valores democráticos que ciertamente muy pocos efectivos policiales conocen y practican.

Por este motivo repudiamos la extorsión y la utilización de la fuerza que detentan los grupos de

policías que se autoacuartelan o utilizan sus atributos de poder real para manifestarse, así como el

momento político institucional que elijen para hacerlo, con los rumores o intentos de saqueos que

han producido un importante temor en muchos sectores de la población, al calor del fogoneo realizado por los grandes medios de desinformación y algunos sectores mafiosos de la política. Es como si un médico o una enfermera se declararan en huelga en el momento de atender una emergencia de salud frente a un paciente que teme por su vida o frente a una catástrofe que afecta a un grupo de población. Nadie dudaría en calificar a eso de extorsión y no de reclamo gremial.

En este mismo sentido nos asombra pero no nos preocupa ver a policías tocando el bombo, cortando  calles, quemando gomas, ocupando el patio de la gobernación o haciendo caravanas con vehículos, pues es algo que muchos trabajadores hemos hecho durante largos años para defender nuestros derechos laborales, realmente vulnerados y siendo reprimidos por esta misma policía, al comando de los gobiernos que tan bien se sirvieron de ella para someternos, despedirnos y hambrearnos.

Lo que sí preocupa y mucho es verlos hacer estas medidas en grupo munidos de sus uniformes y sus armas reglamentarias o escuchar que han usado los patrulleros o las herramientas de comunicación policial para protestar. Si en la provincia de Río Negro han sucedido estas cosas, esperamos que prontamente las autoridades públicas tomen medidas de investigación al respecto no sólo contra los policías sino también contra las autoridades políticas que supieron de estos hechos y no hicieron nada para impedirlos o sancionar a quienes los cometieran. Nos referimos puntualmente al jefe de policía y al  ministro de Gobierno, quien ha declarado que toda la protesta fue dentro de la ley y que lograron un acuerdo histórico, que seguro lo es para la policía por los beneficios que han obtenido tan velozmente, seguramente merecidos, pero que se constituirán en un privilegio sino tienen un correlato similar para el conjunto de la clase trabajadora pública provincial.

Ningún grupo de ciudadanos de Río Negro podría marchar vestidos de policía y con armas en su cintura reclamando por sus derechos laborales o utilizar ambulancias o vehículos oficiales para hacer caravanas de protesta, sin ser señalados por las autoridades como sediciosos y reprimidos

inmediatamente por la policía.

Por esta razón reclamamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que, a tono con la

expresión pública de un importante grupo de diputados nacionales de casi todas las fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional, repudien claramente la acción extorsiva de las fuerzas policiales en todo el país, comenzando a modificar su relación condescendiente con la rionegrina,

clarificando varias situaciones de violencia institucional que duermen en el poder judicial  

(asesinatos de Bariloche de junio 2010, de Coco Garrido, desaparición de Daniel Solano,etc.) y

ejerciendo una verdadera autoridad democrática que es evidente que ni el ministro de gobierno ni el jefe de policía han podido ejercer, pues hace un tiempo que abandonaron el intento de gobernarla desde el poder político, dándoles cada vez más espacios de poder como ocurrió en los penales, donde las fugas han servido para devolver el poder a quienes antes se consideró responsables de graves episodios de violencia, represión y corrupción.

También les reclamamos una acción política decidida para contener a todos los sectores sociales que siguen padeciendo la pobreza y la desigualdad social en la provincia y que hoy se ven afectados por estos sucesos, así como una adecuada respuesta a los miles de trabajadores que hoy reclaman igualdad de derechos a un salario justo como lo han logrado los policías.

Por último y como cuestión fundamental advertimos que sería muy terrible que una policía fortalecida por esta conquista crea que tendrá impunidad para reprimir a sus objetivos preferidos: los pibes pobres de nuestros barrios humildes. Que los buenos salarios, los uniformes nuevos y los incentivos signifiquen que se los vea seguido en las calles haciendo prevención y cuidándonos a todos los habitantes y no a unos más que a otros. No queremos volver a marchar por nuevos crímenes derivados de la violencia institucional.

Néstor Silva, Secretario General CTA Beltran

Bárbara Palumbo, Secretaria Adjunta CTA Cipolletti

Jorge Molina, Secretario General CTA Bariloche

Emiliano Sanhueza, Secretario Gremial CTA Río Negro

Marta Vidal, Secretaria Adjunta CTA Río Negro

Luis Giannini, Secretario General CTA Río Negro.