ANB. 22 de febrero de 2014 |
El Observatorio de Derechos Humanos enumeró las violaciones de derechos cometidos por la Policía, dentro y fuera de las Unidades Penales de la Provincia. “La Policía provincial constantemente se ve implicada en hechos aberrantes que desafían nuestra capacidad de asombro”, indicaron las organizaciones. Se publica textual el comunicado.
Unidad Penal III (foto archivo Chiwi Giambirtone)
Una vez más expresamos nuestra gran preocupación por la política de seguridad seguida por el Poder Ejecutivo, en sintonía con los restantes poderes de nuestra provincia de Río Negro.
Se nos hace costumbre enterarnos que la Policía provincial constantemente se ve implicada en hechos aberrantes que desafían nuestra capacidad de asombro (torturas propiamente dichas, violencia verbal y física, detenciones arbitrarias, abusos de todo tipo, sobrepoblación en calabozos de las comisarías, abandono de personas heridas, muertes mientras se los detiene), sucediendo esto tanto en Comisarías o en espacio público. Debemos mencionar además que, en diciembre tuvieron un rápido aumento salarial exigido con métodos no convencionales.
Con respecto a la política penitenciaria, las condiciones de detención en los penales de la provincia se agrava día a día. Los arreglos edilicios son a deshora y muy superficiales usando materiales inadecuados en estructuras viejas y obsoletas, dejando en pie una arquitectura carcelaria que no alcanza a cubrir los estándares actuales en la materia. Estas refacciones no solucionan los problemas de hacinamiento y habitabilidad mínimas garantizadas en nuestras Cartas magnas, tanto provincial como Nacional.
Los hechos de violencia y el abuso de autoridad de la policía dentro de las unidades carcelarias se suceden y aumentan diariamente haciéndose prácticas cotidianas. El Observatorio de Derechos Humanos ha constatado heridas de bala, hematomas por golpes de puño y patadas y el uso indiscriminado en los pabellones, de armas de fuego (prohibidas en nuestra legislación provincial) y gas lacrimógeno. A esto se suman hechos de hostigamiento, amenazas, insultos y traslados antojadizos y arbitrarios de internos.
Otras asignaturas que demuestran la desidia, olvido y desapego a las leyes del Estado Rionegrino son la atención de la salud, educación y talleres laborales. A estos derechos sólo tiene acceso y de forma deficiente y condicionada una mínima parte de la población carcelaria. Otra carencia muy seria es la falta de gabinete técnico-criminológico en los penales de Choele Choel y Pomona, mientras en otros no cuentan con el personal necesario. Estas cuestiones inciden directa y negativamente en el tratamiento y progresividad de la pena que indica la normativa legal.
Lamentamos que todo esto suceda tanto fuera como dentro de los penales, con una policía que genera inseguridad en vez de afianzarla, ello ante la mirada pasiva de los tres Poderes, y en especial el Poder Judicial, siendo este el responsable del control y cumplimiento de las leyes vigentes sobre condiciones de detención y ejecución de la pena. También faltan investigaciones prontas y eficaces sobre los casos de violencia institucional cometidas por personal policial.
La Constitución y las leyes son claras y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben velar para que sean cumplidas por todos, si queremos lograr el bienestar general y una sociedad más justa y pacificada.
Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro
Pastoral Social de la diócesis del Alto Valle
Pastoral Penitenciaria de Bariloche
Pastoral Penitenciaria de Gral. Roca
CTA regional Río Negro
Vicaría de la fraternidad del Obispado de Viedma
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Viedma y Patagones
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