La presentación por parte del poder ejecutivo nacional del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el día jueves 27 de agosto, se realizó con la presencia y la movilización de cientos de organizaciones gremiales, sociales, barriales y comunitarias que no son grupos “ultrakas” como los tildó injustamente la prensa monopólica, tan rabiosa con este proyecto. La cobertura diferente demuestra lo polémico del proyecto: para Crítica digital hubo 20.000 personas, para Clarín apenas 1000 kas.
El proyecto es la culminación de un proceso histórico de lucha por la libertad de expresión y en contra del monopolio de contenidos y medios, en manos de grandes grupos empresarios que expresan intereses de los sectores que concentran las ganancias de nuestro desigual sistema socioeconómico. Sistema cuyo marco actual, en materia de medios, es una ley de radiodifusión dictada por la dictadura militar, que mantiene en la ilegalidad a miles de medios alternativos de comunicación, prohíbe los contenidos públicos no lucrativos y promueve la concentración monopólica privada de los medios, profundizada con el menemismo.
Este proyecto es muy similar a los que intentaron hacer aprobar distintos gobiernos democráticos anteriores (salvo el de Menem por supuesto) y no es propiedad del actual gobierno nacional. Expresa los 21 puntos de la “Coalición por una radiodifusión democrática” surgidos de un proceso de debate que lleva cinco años ya, cuando más de trescientas organizaciones de todo tipo se convocaron “unidos bajo el concepto de que no hay posibilidad de afianzamiento de la democracia política sin democratización de la comunicación, planteamos la necesidad y urgencia de una nueva Ley que reemplace a la Ley de la dictadura para terminar con el proceso de concentración y transnacionalización de los Medios.” (www.coalicion.org.ar). De eso formaron parte dirigentes y militantes de nuestra Central desde el comienzo. Por eso sostenemos con firmeza el apoyo a la sanción de esta ley. Entendemos y no compartimos la oposición cerrada de los medios monopólicos tradicionales y sus voceros políticos; es parte de los debates que es bueno que se den en la democracia. Pero rechazamos la pretensión y el argumento de que “no es el momento”, como no lo fue durante anteriores gobiernos democráticos y seguimos con las reglas de la dictadura. Eso sí que es autoritario e inaceptable y quienes lo sostienen sólo pretenden quedar bien con los grandes medios o son sus socios y/o propietarios. Descalificar el debate o impedirlo como ya han anunciado que lo intentarán algunos legisladores de la oposición, es restringir la libertad de expresión de miles de ciudadanos que ya se expresaron en los foros de debate realizados en las 24 provincias argentinas. En nuestra zona se realizaron debates en Viedma, Roca, Cipolletti y Neuquén. El proyecto cuenta con 1200 aportes realizados en dichos foros y contiene 50 modificaciones surgidas de allí. Casi ningún proyecto de ley ha contado con semejante marco de debate y consulta ciudadana, que según el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, es inédito en el mundo para la elaboración de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Negarlo es realmente antidemocrático y hasta golpista.
Héctor Luis Giannini, Secretario General de la CTA Río Negro
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