Rio Negro, 17 de marzo de 2009
Al Ministro de Gobierno
De la Provincia de Río Negro
Sr. José Luis Rodríguez
Los abajo firmantes, nos dirigimos a ud. a fin de expresarle nuestra preocupación por las diferentes acciones que el gobierno de Río Negro, a través de distintos organismos como la Policía provincial, de su principal responsabilidad ministerial, así como autoridades del Ministerio de Educación y diversos fiscales y jueces del Poder Judicial, han adoptado frente al desarrollo del conflicto docente.
Un conflicto desplegado en una medida de fuerza que tiene como objetivo ejercer el legítimo derecho de huelga y petición, frente a diferentes y consuetudinarios atropellos sobre derechos legítimos de rango constitucional como el derecho a un salario digno y su actualización (Constitución Nacional y provincial, Ley de Contrato de Trabajo, Estatuto del docente provincial), la celebración de paritarias y el cumplimiento efectivo de los acuerdos logrados en ellas y el respeto al principio de la buena fe negocial (Ley de contrato de trabajo, ley de asociaciones sindicales, ley de paritaria docente, convenios internacionales de rango constitucional).
La respuesta de los organismos del estado nombrados ha sido el desconocimiento de estos derechos a través de la criminalización del reclamo, con la iniciación de acciones judiciales contra distintas personas que participan de la protesta en las rutas y otros lugares de la provincia, la utilización de la policía provincial para amedrentar, amenazar y golpear a docentes en situación de reclamo, como ocurrió en El Bolsón y como ha ocurrido en las diferentes sedes de las autoridades educativas de toda la provincia. Otra acción intimidatoria e ilegal y arbitraria ha sido el descuento de días de paro realizados en febrero, con la liquidación de los sueldos correspondientes a ese mismo período (febrero), en forma indiscriminada, sin haber verificado la información, pues los sistemas del Consejo Provincial de Educación no tienen capacidad administrativa real para esta tarea con información precisa y correcta en el mismo mes de liquidación. De esta forma dicho descuento es lisa y llanamente un atropello a los derechos alimentarios de trabajadores que incluso el CPE desconoce si realizaban el paro o por ejemplo se encontraban enfermos y en uso de licencia. Más allá del debate sobre la legitimidad del descuento de los días de paro efectivamente realizados, que sostenemos no debe hacerse, esta práctica es abusiva y violatoria de principios fundamentales de razonabilidad, previsibilidad y transparencia de los actos de gobierno, pues se realizan sin instrumentos administrativos concretos y por exclusiva decisión política del Ministro de Educación, impuesta al responsable provincial de las liquidaciones de sueldos.
Por todo lo expuesto exigimos que arbitre todos los medios a su alcance para que cesen todas estas prácticas represivas y persecutorias contra los trabajadores de la Educación en el marco del conflicto educativo que preocupa y moviliza al conjunto de la sociedad rionegrina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario